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El gobernador Miguel Barbosa Huerta presentó una iniciativa en el Congreso de Puebla para condonar e imponer multas por adeudos fiscales a nivel local, así como dar facultades para romper chapas en caso de embargos en Puebla.

El mandatario poblano planteó una serie de modificaciones al Código Fiscal estatal. En el artículo 44, propuso que las autoridades fiscales puedan “conocer y resolver las solicitudes de condonación, reducción o exención total o parcial del pago de contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios”.

De esa manera, se permite, en el artículo 44-A, que las autoridades fiscales de Puebla puedan imponer multas “y requerir hasta en tres ocasiones el cumplimiento de la obligación omitida, otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento”.

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En caso de que los contribuyentes no atiendan el requerimiento, se impondrán multas correspondientes que, tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida”.

En el artículo 41-I, el Ejecutivo obtiene facultades para “condonar, reducir o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones” estatales, así como autorizar pagos a créditos, cuando está situación afecte algún tipo de productividad, “así como en caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.

Además, en el 41-J, se determina que las autoridades fiscales podrán dejar sin efecto las resoluciones o actos jurídicos, emitidos por otros organismos fiscales de la misma adscripción, en tanto que no haya resoluciones firmes o una impugnación.

Podrán romper chapas para embargos en Puebla

Por otra parte, una reforma al artículo 90 plantea que si una persona embargada en Puebla no abre su residencia, entonces la autoridad podrá romper las cerraduras, con la presencia de dos testigos, en tanto haya un acuerdo previo con su jefe de oficina.

En el 98, se adiciona que los bienes asegurados se devolverán en “un plazo que no exceda las 24 horas” cuando se trate de alhajas, dinero y muebles. En cambio, por inmuebles, será de cinco días.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal para su análisis.

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