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En comisiones del Congreso del Estado, fue aprobada la pena de hasta cuatro años de cárcel para los encargados de los anexos que incumplan las normas vigentes en Puebla. Entre ellas, permisos para operar, propuesta para regular estos espacios.

Ello, ante el impedimento de reformar la Ley de Salud y de Salud Mental sin consultas ciudadanas. Por lo cual el Congreso del Estado se vio obligado a dividir la reforma del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que proponía la regulación a los anexos de Puebla.

Este miércoles, las Comisiones Unidas de Salud y de Procuración de Justicia aprobaron el dictamen del Ejecutivo Estatal. En un inicio, el mandatario poblano propuso una serie de modificaciones para obligar a estos espacios a brindar una atención digna, sin agresiones. Para ello, se cambiaría el concepto de “interno” por “paciente”, en el caso de los anexos.

De esa forma, se contemplaba que el Centro Estatal de Salud Mental (Cesam) capacitara al personal de estas instituciones en Derechos Humanos y perspectiva de género.

Sin embargo, en la votación de este miércoles en comisión, el equipo jurídico señaló que solo avalarían la pena de prisión que la propuesta también integra, debido a que no pueden intervenir en la Ley de Salud y de Salud Mental para aprobar el trato digno a pacientes, ya que primero deben hacer consultas a los sectores involucrados.

Así lo establece la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), que ya ha tirado otras reformas del Congreso del Estado por caer en inconstitucionalidad al no hacer las consultas.

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Castigarán a encargados de anexos por no tener permiso

De esa manera, los diputados solo aprobaron por mayoría la modificación al artículo 258 Bis del Código Penal, para castigar con una pena de uno a cuatro años de cárcelo para los encargados de anexos en Puebla que incumplan con las normas vigentes. Además de una multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de 4 mil 811 a 19 mil 244 pesos.

Con ello, avalaron la propuesta de la morenista, Azucena Rosas Tapia, que agrega que serán sancionados los encargados de estos centros que no tengan licencia de funcionamiento y no estén registrados ante el Comité Nacional contra las Adicciones.

La diputada subrayó la importancia de regular los anexos en Puebla, ya que son espacios que han sido “segregados” por décadas, toda vez que no se ha visualizado lo que ocurre al interior de cada sitio.

Para cumplir con la regulación integral que se tenía planeada, se requerirá que el Congreso del Estado realice la consulta necesaria en 2023. La reforma pasará al Pleno para su posible discusión el próximo 8 de diciembre.

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