El Consejo de la Judicatura informó que investiga al juez Aaron Hernández Chino después de la liberación de párroco y presunto pederasta de Aquixtla, Gerardo N.
La respuesta del Consejo de la Judicatura ocurre después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió al Poder Judicial de Puebla.
El presidente indicó en la conferencia de prensa matutina que desde el Poder Judicial “se cometen arbitrariedades”. Además de que dejan en estado de indefensión a las víctimas, haciendo alusión a lo ocurrido con un sacerdote pederasta de Aquixtla, Puebla.
El Consejo de la Judicatura informó en un comunicado que “ordenó el inicio de investigaciones” contra el juez que liberó al cura de Aquixtla.
Esto incluye un procedimiento de responsabilidad administrativa a fin de revisar la actuación y desempeño del juez.
El procedimiento se apega a las facultades conferidas por los numerales 88 de la Constitución Política del Estado de Puebla. Y el 82, fracción LIX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado”, dice el comunicado.
Como CENTRAL informó, el fiscal general del Estado, Gilberto Higuera Bernal, presentó tres quejas ante el Consejo de la Judicatura de Puebla por tres diferentes resoluciones.
Dos tienen que ver con el caso que la misma Presidencia de la República reportó la semana pasada. Entre ellos el juez 1º de Distrito en Materia Penal de Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz. Así como el juez de control de la región judicial centro del Poder Judicial de Puebla, Francisco Javier Martínez Castillo, posibilitaron la liberación de dos secuestradores.
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El juez Aarón Hernández Chino otorgó la libertad al religioso Gerardo Gómez, que llevaba dos años preso, por abuso de un menor en Aquixtla. Esto tras acatar un amparo del Poder Judicial Federal.
Caso de Gerardo N
Es importante mencionar que acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) el abuso ocurrió a tan solo 20 días de ser nombrado el párroco.
Gerardo Gómez se encontraba como encargado de la Capilla del Padre Jesús en Aquixtla y es oriundo de Pachuca, Hidalgo.
Cuando ocurrieron los hechos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) lo rescataron, luego que pobladores lo retuvieran y amenazaran con lincharlo.
Un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de abuso sexual. Sin embargo, desde ese momento, la familia del pequeño vivió un calvario.
A pesar de las pruebas existentes en contra del padre Gerardo, la justicia federal le otorgó un amparo para concederle su libertad. El juez Aarón Hernández Chino se escudó diciendo que él solamente daba efecto al amparo emitido por una autoridad federal.
La madre de la víctima exigió el apoyo de las autoridades para reaprehender al sacerdote que abusó del niño en Aquixtla y reabrir el caso. Ante el temor de que huya o sea trasladado a otra iglesia donde pueda agredir a otro menor.
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