El 10 de enero un recién nacido fue encontrado sin vida en uno de los contenedores de basura del penal de San Miguel, en la ciudad de Puebla. Oficialmente las autoridades solo han confirmado el hallazgo del menor, no han dado ningún otro dato sobre qué fue lo que sucedió.
Este 20 de enero, la activista y cofundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que el pequeño había sido robado de la Ciudad de México y llevado a Puebla, además dijo que pudo haber sido usado para meter droga al penal.
Esta declaración ha inundado los medios nacionales durante esta mañana, aunque no cita una fuente oficial de donde la haya obtenido.
El periodista Edmundo Velázquez, ha publicado en PÁGINA NEGRA, que el pequeño tenía tres meses de nacido y tenía una banda de hospital con los apellidos “Ayala Peralta”. Según las fuentes del periodista, el cuerpo del bebé presentaba una incisión en el abdomen y se cree que venía de la morgue, porque su cuerpo estaba bien conservado.
El pequeño murió el día 5 de enero y fue encontrado hasta el 10 de enero en los contenedores de basura que se usan para separar los materiales para reciclar en el penal.
La Fiscalía General del Estado y el gobierno de Puebla han sido muy herméticos en este caso. El gobernador, Miguel Barbosa declaró que la investigación se maneja con “la secrecía necesaria para poder alcanzar la verdad”.
Esta es la única información oficial que hay sobre el caso:
El 14 de enero la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla inició una investigación del caso y ordenó entrevistas a quienes estuvieran relacionados con los hechos para identificar que sucedió. También solicito que se buscará a los familiares del bebé.
El 15 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado para dar a conocer que ejercería su facultad de atracción para investigar el caso, sin embargo la CDH le pidió no hacerlo y recularon para respectar la atribución del organismo estatal.
El 17 de enero, el gobernador de Puebla calificó el hecho como gravísimo y prometió que se investigaría a profundidad el caso. Además, dijo que se revelaría “mucha porquería”, pero no adelantó nada más.
El 18 de enero, la Ibero Puebla pidió agilizar las investigaciones sobre el caso. A través del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) la universidad manifestó su preocupación y señaló que se deben realizar las investigaciones con prevalencia al interés superior de la niñez para esclarecer las causas de la muerte.
El 19 de enero, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa dijo que ya había algunos datos sobre el bebé, pero que la investigación seguía en curso, por lo que no podía ser revelada.
La noche del 21 de enero, la activista Saskia Niño de Rivera, encargada de difundir la versión de que el pequeño había sido usado como mula para introducir droga al penal, dijo que estaba ya en contacto con la familia del menor, los Ayala Peralta, y que su nombre era Tadeo.
Ella dio a conocer que su cuerpo fue robado de su tumba en Iztapalapa. El pequeño nació el 4 de octubre y murió el 5 de enero.
El 22 de enero el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal dio la primera postura sobre el caso y dijo que ya tenían identificado a la persona que colocó el cadáver dentro del centro penitenciario.
Confirmó que el nombre del pequeño era Tadeo, quien había fallecido el 5 de enero y que las marcas en su cuerpo eran por una serie de cirugías que se le habían practicado antes de morir.
El 23 de enero, los restos del bebé Tadeo fueron trasladados de Puebla a la Ciudad de México para volver a ser sepultado por su familia.
La mañana del 24 de enero, en su tradicional rueda de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el caso del bebé Tadeo era fruto podrido de la descomposición social y que los hechos estaban vinculados al pasado reciente que dejó la política neoliberal.
Por la tarde, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa despidió al secretario de Seguridad Pública, Rogelio López Maya y nombró a Daniel Iván Cruz Luna. Esta fue la primera medida por el caso del penal de San Miguel.
Poco después se dio a conocer la detención de 19 funcionarios del Cereso de San Miguel, presuntamente implicados en el caso del bebé Tadeo. Entre ellos el subdirector, Jaime Mendoza Bon.
Por la noche se llevó a cabo un operativo en el penal, en donde se pudo observar la presencia de la Policía Estatal.
La mañana del 25 de enero, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que son 23 los implicados en el caso de Tadeo. Las ordenes de aprehensión ya fueron liberadas y que se habían ejecutado hasta ese momento, 21.
Además anunció que nombrará a una nueva directora del penal de San Miguel.
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