En los últimos días sucedieron en la Sierra Negra de Puebla diversas manifestaciones en contra del Derecho de Alumbrado Público (DAP) con un claro sesgo político. Fueron organizadas por la diputada federal Inés Parra y algunos trabajadores de Bienestar, plenamente identificados.

Sabemos que es un tema meramente político y que no existe una verdadera preocupación de parte de la legisladora por los ciudadanos. Inés Parra no ha presentado una sola iniciativa como diputada federal.

Ella y sus azuzadores mal informan a la población, les dicen que el cobro será de cantidades mayores a los 100 pesos mensuales, cuando en realidad no rebasa los 15 pesos, en promedio, gracias al subsidio municipal.

El caso es que los alcaldes de Coxcatlán, Chapulco y San Gabriel Chilac se dejaron llevar por las presiones y derogaron, en una Sesión de Cabildo, el cobro.

Era necesario darles ese contexto para que pueda ahora explicarles sobre otro problema causado por la ignorancia de los alcaldes. O tal vez solo para lavarse las manos en la derogación de este derecho.

Y es que otros municipios, como Ajalpan y Santiago Miahuatlán, son también amenazados por los pobladores.

Hasta ahora los tres municipios en donde el derecho se derogó han enviado una carta al Congreso de Puebla para notificar que modificaron sus leyes de ingresos, esas cartas solamente serán desechadas porque en realidad el Poder Legislativo nada tiene que ver con ello.

El Legislativo sí debe aprobar las leyes de ingresos de los municipios, pero los ayuntamientos son libres de exentar o desaparecer cualquier impuesto aprobado gracias a que son autónomos. 

Hay tres formas de desaparecer el DAP.

La primera es la constitucional, en la que el Cabildo aprueba una reforma a su Ley de Ingresos y la pasa al Congreso para que la rectifique.

Ese es el camino más largo e innecesario.

La segunda opción es que el Cabildo le autorice al alcalde la condonación del DAP. Un camino más corto, pero que aún requiere de la anuencia de los regidores.

El camino más rápido, y que lo alcaldes no saben o no quieren tomar, por el costo político que implicará, es que el presidente firme la condonación, como un acuerdo.

Así lo establece la fracción 12, del Artículo 41, del Código Fiscal del Estado, que faculta a que las autoridades fiscales emitan acuerdo sobre la condonación de un derecho o impuesto

No lo hacen porque no quieren, o tal vez en serio sea ignorancia, porque les cuesta asumir el costo político ante el gobierno estatal que ya les ha explicado que el DAP se debe pagar y que antes lo hacía la Comisión Federal de Electricidad (CFE), completamente a su beneficio.

Así que si cualquier alcalde decide eliminar el DAP que lo haga por el camino rápido y que asuma las consecuencias, las buenas y las malas.