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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, por la muerte de un militar enterrado vivo, como parte de un curso de entrenamiento en Mexicali, Baja California, debido a acciones y omisiones por parte de las personas responsables del adiestramiento, pertenecientes a la misma dependencia.

El 2 de diciembre de 2020, la CNDH recibió un escrito en el que la persona que presentaba la queja refirió que el 24 de noviembre de 2020, le informaron que la víctima había fallecido y su cuerpo se encontraba en Mexicali, Baja California, donde sucedieron los hechos, sin brindarle información referente a las circunstancias que causaron el deceso.

La necropsia realizada expuso que la persona había fallecido por asfixia, por lo que presentó la queja solicitando la intervención de la CNDH para aclarar lo ocurrido.

La investigación mostró que el día 24 de noviembre de 2020 se realizó un curso de fuerzas especiales en el desierto. Cuando los cursantes cubrían los bunkers que anteriormente habían excavado, el servidor público que fungía como instructor ordenó a la víctima que se introdujera en el búnker número 8, a lo cual obedeció. Una vez dentro, el instructor ordenó que lo taparan, por lo que arrojaron tierra y lo sepultaron. Posteriormente, se ordenó a otros cuatro elementos que se introdujeran al mismo búnker y también los enterraron, tan es así que un instructor caminó sobre la tierra que los cubría. Los testimonios recopilados refieren que los responsables del grupo comenzaron a tomar fotografías riéndose de lo que ocurría y que este tipo de prácticas eran recurrentes por parte de ambos, sin que el responsable principal del grupo se percatara de ello, ya que lo hacían cada vez que se alejaba del lugar”, detalló la CNDH en un comunicado.

Cuatro de los sepultados lograron salir auxiliados por compañeros que se encontraban fuera del búnker en ese momento, mientras que sin darse cuenta de que la víctima quedó al interior ni en qué momento fue ingresado al mismo.

Una de las personas que había estado enterrada se percató de que había perdido su cargador, por lo que, al buscarlo al interior del búnker apareció la víctima, quien yacía inconsciente, por lo que fue trasladada a un hospital. Al llegar al hospital ya se encontraba sin signos vitales.

Las investigaciones de la CNDH evidencian que la víctima fue privada de la vida por acciones y omisiones de quienes estaban a cargo del entrenamiento, elementos adscritos a la Sedena, con lo cual se violentó el derecho a la vida de la víctima y se alteraron los derechos de los integrantes de su familia”, agregó la Comisión.

Evidencian falta de vigilancia a “métodos de castigo”

Además, resaltó que las personas servidoras públicas que se encontraban al mando no procuraron cumplir con el deber reforzado del cuidado para garantizar la integridad de los cursantes y quedó evidenciada la falta de vigilancia respecto a las prácticas irregulares que entre soldados llevan a cabo como “métodos de castigo”.

Tras la muerte del militar enterrado vivo, la CNDH solicitó a la Sedena que se inscriba a las personas afectadas por estos hechos en el Registro Nacional de Víctimas, y que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a las víctimas indirectas, que incluya una compensación justa y suficiente tomando en cuenta la gravedad de los hechos, además de que se les otorgue atención médica integral y psicológica permanente.

De la misma manera, se requiere que la Sedena colabore ampliamente con el Juzgado Militar encargado del trámite de la Carpeta de Investigación en contra de las personas servidoras públicas responsables de los hechos, considerando que hay datos o indicios que permiten advertir presuntas responsabilidades penales. También es indispensable contribuir en las líneas de investigación que aún no han sido agotadas por la autoridad ministerial, a fin de que se esclarezcan los hechos respecto de la muerte de la víctima, cuidando que se cumpla con el debido proceso y el acceso a la justicia”, añadió.

También, pidió que se colabore ampliamente con la Fiscalía General de Justicia Militar de Investigación del Delito y Control de Procesos para el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de uno de los servidores públicos involucrados, siendo indispensable que se verifique la realización de las acciones adecuadas para cumplir oportunamente dicha orden de aprehensión, promoviendo que los agentes encargados de llevarla a cabo soliciten el apoyo de las distintas dependencias, entidades o empresas que pudiesen tener en sus archivos datos de apoyo para la búsqueda y localización de la persona requerida.

Del mismo, solicita que se remita copia de la Recomendación 59VG/2022 al Juzgado Militar que integra la Carpeta de Investigación, y al Órgano Interno de Control en la Sedena que lleva un procedimiento administrativo de investigación, con el objeto de que sea incorporada a la documentación de estos procesos”, puntualizó.

La CNDH pidió que se imparta un curso de capacitación integral de formación en derechos humanos, dirigido a las integrantes del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales Temamatla, Estado de México, y del Centro de Operaciones en Desierto, Laguna Salada, Baja California, ambos del Ejército Mexicano, enfocados a prevenir hechos similares.

―Con información de Sin Embargo

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