Por tratos crueles e inhumanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Pueblase posicionó como el más denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Lo anterior, durante el primer trimestre del 2022, periodo en el cual el órgano constitucional autónomo recibió 51 quejas por la violación en las garantías de los habitantes por parte de diversas instituciones.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos de la CNDH, el IMSS Puebla acumuló, entre enero y marzo, el 27.45% del total de las querellas, con 14 casos, lo que la vuelve la dependencia más denunciada.
Las denuncias de los habitantes fueron principalmente por recibir tratos crueles e inhumanos, actos de intimidación. Porque el personal obstaculizó o negó las prestaciones a las tenían derecho o realizaron acciones u omisiones que trasgredieron los derechos de la mujer.
Dentro del sector salud, también se señaló al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEP). El cual sotenta una denuncia por omitir proporcionar atención médica.
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Instituto Nacional de Migración el segundo más denunciado en Puebla
El segundo más denunciado en Puebla fue el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. Sumó en total 13 casos, que representaron el 25.49% del total.
Las principales razones contra la dependencia federal por parte de los poblanos son:
- Cometer acciones y omisiones que transgredieron los derechos de los migrantes y sus familiares.
- Prestar indebidamente el servicio público, faltar a la legalidad, honradez y lealtad en el desempeño de sus funciones.
En el tercer sitio con cuatro quejas cada uno, se posicionaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La primera por prestar indebidamente el servicio público y omitir custodiar, vigilar o dar seguridad a personas. Y la segunda por intimidación, obstaculizar o negar las prestaciones y por ejercer un trato cruel o degradante.
Mientras que con dos querellas cada uno, se registraron a la Comisión Federal de Electricidad, la Guardia Nacional y las secretarías de Bienestar, Educación y Gobernación.
El resto de las denuncias se concentraron en otros órganos, dependencias o institutos, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
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