Con multas máximas de hasta 2 millones 74 mil 800 pesos, es con lo cual establecimientos ruidosos de la ciudad de Puebla podrían ser sancionados. Esto en caso de no contar con una licencia adicional, cuyo costo es de mil 500 pesos.
Así lo advirtió Manuel Díaz García, director de Normatividad Ambiental municipal, quien llamó a los establecimientos que utilicen música a niveles altos a evitar sanciones o clausuras.
Sin embargo, de exceder los 68 decibeles permitidos y reincidir a lo largo del año, podrían pagar la multa máxima, equivalente a 20 mil UMAS. La cual pasó de un millón 924 mil 400 pesos –por el valor diario de la UMA el año pasado– a los más de 2 millones este 2023.
Nos estamos adelantando a avisarles a los propietarios de negocios que generan ruido que van a tener que tramitar esta licencia, esto no es un permiso para hacer ruido”, dijo.
Tras recordar que la ley es a nivel estado, pero cada ayuntamiento debe hacerla cumplir, Manuel Díaz destacó que el objetivo de las multas es evitar afectaciones a terceros por parte de los establecimientos ruidosos de Puebla.
Es decir, que el ruido sea controlado dentro de las instalaciones. Más no un permiso para que bares, restaurantes o salones sociales, así como otros lugares, continúen con música a gran volumen.
En este sentido, el funcionario compartió que al momento la Coordinación de Inspección recibe de cinco a ocho reportes vecinales cada fin de semana.
Por el lado de los bailes sonideros, refirió que no hay permiso para regular el ruido que emiten, pues ni siquiera está permitido realizar estos eventos. No obstante, ya se analiza si al Estado o al Ayuntamiento, les compete multar a los organizadores.
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Normatividad Ambiental asegura que no habrá corrupción durante inspecciones a establecimientos ruidosos
El director de Normatividad Ambiental, Manuel Díaz García aseguró que durante las inspecciones a establecimientos no habrá actos de corrupción que afecten al sector.
En entrevista, detalló que sólo los lugares que cuenten con la licencia serán aquellos que comprobaron contar con todas las medidas. Entre las que destaca un estudio de ruido perimetral, el cual correrá a cargo del dueño del lugar y será él mismo quien se encargue de solicitarlo.
Asimismo, aseveró que los equipos que analizarán el ruido durante las inspecciones ya están autorizados y acreditados.
Al tiempo que subrayó que no son teléfonos o dispositivos comprados en cualquier lugar, sino aparatos certificados por la Entidad Mexicana de Acreditación.
Los equipos con los que trabaja el Ayuntamiento tienen sus acreditaciones y se mandan cada año a hacer sus revisiones para que estén en condiciones”.
Esta declaración se dio luego de los comentarios emitidos hace unos días por el presidente de la Canirac, Carlos Azomoza. Quien refirió que la nueva medida podría ocasionar actos de corrupción o problemas. Por ejemplo, que los dispositivos estén mal calibrados y arrojen resultados erróneos que ameriten multas.
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