Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más agresiones contra mujeres periodistas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según el último informe de Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC).
Las entidades con un mayor número de agresiones son la Ciudad de México, con 199 casos; Puebla, con 72; Coahuila, con 54; Guerrero, con 42. El Estado de México con 40, seguidas de Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Morelos.
La organización documentó agresiones en 30 de los 32 estados del 2019 al 2022, siendo sólo Zacatecas y Campeche las excepciones. En Puebla se ha registrado aumento a más del triple de agresiones contra mujeres periodistas en comparación con los primeros tres años de Enrique Peña Nieto.
El informe señala que el exgobernador, Miguel Barbosa Huerta exhibió prácticas misóginas que afectaron la forma en que los periodistas, especialmente las mujeres, realizaban su trabajo.
Según el informe, las mujeres periodistas en Puebla son las principales receptoras de agresiones, con el 63.88% de los casos denunciados.
El 50% provienen de particulares, el 41.30% de funcionarios estatales o municipales a través de actos de intimidación, el 57.144% por bloqueo de información. El 42.85% con una connotación misógina, el 41.30% contra periodistas cubriendo temas relacionados con la sociedad y en política el 32.60%.
La violencia institucional es factor de riesgo más importante para las mujeres periodistas en Puebla. Con 37.28% de los casos provenientes de funcionarios gubernamentales de cualquier nivel.
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Los funcionarios ejercen violencia contra los periodistas a través de discursos estigmatizantes en medios de comunicación masiva como televisión, radio, prensa y medios digitales. El 6.51% de esta violencia mediática también puede ser ejercida por particulares, quienes reproducen el discurso estigmatizador de las instituciones gubernamentales.
Durante la pandemia los ataques se extendieron al ámbito comunitario por personas civiles o particulares.
Violencia en el ámbito periodístico de Puebla
A estas condiciones de violencia y discriminación en el ámbito periodístico se suma que una de las coberturas más peligrosas en Puebla, son los temas de corrupción con 12.05%. Sobre todo, si la información aborda la falta de acciones de la Fiscalía General del Estado en las investigaciones de casos de feminicidio y violencia sexual.
Durante la gestión de López Obrador, se ha documentado un aumento en el número de casos en que comunicadores hombres violentan a sus colegas mujeres. Con el objetivo de desacreditar su trabajo, siempre bajo la lógica de cuestionar la vida personal de las periodistas más que sus investigaciones.
No obstante, el informe también señala los casos en Puebla de agresiones contra mujeres periodistas por parte del exgobernador, Miguel Barbosa y otros funcionarios estatales.
El documento redacta el caso de Samantha Páez Guzmán, periodista que acusó a funcionarios estatales de infantilizan a los jóvenes periodistas. A través de comentarios cuestionando su experiencia y considerándolos inexpertos.
También señala que existe un prejuicio jerárquico y discriminatorio contra las mujeres, ya que no se espera que los gobernadores varones hablen con mujeres. Esta actitud hace que a las mujeres periodistas se les nieguen entrevistas, lo que dificulta su acceso a la información.
Además, refiere que las agresiones contra los hombres periodistas se realizan a través de un intermediario, como el medio o un columnista que cuestiona su información. En Puebla, las agresiones contra las mujeres periodistas, en cambio, son más directas.
Pese a que desde el 17de julio de 2017 existe un acuerdo del Ejecutivo del Estado, por el que se crea la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Este no respeta ni avala los derechos de las y los reporteros de la entidad.
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