La morenista Claudia Rivera Vivanco se fue del Ayuntamiento de Puebla sin comprobar 12 millones de pesos de recursos federales como parte de su cuenta pública 2020, lo que podría significar un desfalco según los informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por no comprobar el pago de materiales para la reactivación económica en juntas auxiliares, adquirir motos para los policías sin las características que señalaban los contratos y pagar de forma adelantada una obra.
En total son tres alcaldes los que dejaron el cargo sin comprobar el uso de recursos públicos que ascienden a 19 millones 250 mil pesos. Se trata de los morenistas Claudia Rivera Vivanco de Puebla, Gustavo Vargas Cabrera de Huauchinango y el panista Ignacio Salvador Hernández de Ajalpan.
Los informes de fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2020, refieren que los expresidentes municipales no comprobaron el uso de estos recursos, hicieron obras incompletas y compraron equipamiento sin las características señaladas en los contratos.
La ASF presentó este domingo la tercera entrega de los informes de fiscalización de la cuenta pública 2020, donde se detalla que, sólo por ese ejercicio fiscal, los ediles no comprobaron el ejercicio de 19 millones 250 mil pesos.
Claudia Rivera tiene el monto más alto sin comprobar
La expresidenta municipal de Morena en la capital del estado, Claudia Rivera Vivanco dejó sin comprobar 12 millones 91 mil pesos; el ex edil de Huauchinango, Gustavo Vargas Cabrera, también abanderado por Morena, gastó de forma irregular un millón 117 mil pesos; mientras que Ignacio Salvador Hernández, ex alcalde de Ajalpan por el PAN, tiene pendientes por 6 millones 42 mil pesos.
Estas son las irregularidades de los expresidentes municipales
En octubre, la ASF informó que ya había detectado irregularidades por 10 millones 612 mil pesos por el pago anticipado y sin amortización de una obra pública, así como por la adquisición de materiales para las juntas auxiliares relacionado con la reactivación económica por la pandemia, de este último no se entregó documentación que compruebe el gasto.
El informe presentado este 20 de febrero indica que a esas irregularidades sin atender, se suman otras que ascienden a un millón 478 mil pesos y que afectaron el programa de Fortalecimiento para la Seguridad conocido como Fortaseg.
Por una parte, se indica que el Ayuntamiento que encabezaba Claudia Rivera no comprobó el pago de 849 mil 150 pesos para la realización de pruebas de confianza a 333 elementos de seguridad; y tampoco se cobraron sanciones por 64 mil 610 pesos a contratistas que entregaron los bienes fuera de los plazos.
El Ayuntamiento formalizó un contrato por 14 moto patrullas, pero 13 de estos vehículos no contaban con defensa delantera en tubo cromado y 11 no tenían torreta, esto provocó un daño patrimonial de 319 mil 394 pesos, el costo de la fianza que no se cobró. Aunado a ello, tampoco se acreditó la existencia de una de las motocicletas, que implica un perjuicio de 245 mil 688 pesos.
En tanto, el ex presidente municipal de Huauchinango, Gustavo Vargas Cabrera incurrió en un daño patrimonial de un millón 117 mil pesos por acciones incompletas que no operan y, por tanto, incumplieron los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Se trata de la rehabilitación del sistema de bombeo de agua potable en la comunidad de Ozomatlán, que tuvo un costo de 581 mil pesos, pero uno de los tubos del sistema está roto y el equipamiento no funciona. Aunado a que entregó 80 estufas ecológicas, pero no fueron instaladas en las viviendas de los beneficiarios, pese a que se pagó este servicio.
En el caso del ex presidente municipal de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández la ASF reveló desde su segundo informe de octubre que, en 2020, dejó sin comprobar el uso de 6 millones 42 mil pesos, supuestamente 5 millones 100 mil pesos eran para juntas auxiliares y 942 mil pesos para el pago de asesorías, pero no hay documentación que compruebe estos gastos.
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