En el Congreso de Puebla buscan elevar la pena y castigar hasta con cinco años de prisión, y una multa que podría alcanzar los 262 mil pesos, a los funcionarios que estén coludidos en delitos ambientales, como la tala ilegal.
Este jueves, el diputado Roberto Solís Valles presentó una iniciativa en Sesión Ordinaria para reformar diversos artículos del Código Penal del Estado.
El morenista propuso aumentar las multas contra los ciudadanos que cometan delitos ambientales, estableciendo un monto de ocho mil 962 a 262 mil 860 pesos.
En cambio, la multa para los funcionarios que estén coludidos en estas actividades sería de 26 mil 886 pesos a 89 mil 620, es decir, menor a lo fijado contra los habitantes promedio.
Sin embargo, aumentaría la pena de prisión contra estos servidores públicos, pasando de tres a cinco años, cuando actualmente es de uno a tres. Además, el funcionario sería inhabilitado por un periodo equivalente a su tiempo en prisión, lo cual aplicaría en cuanto concluya su pena.
Roberto Solís planteó que el dinero de las multas se destine a la protección y restauración del medio ambiente.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
CENTRAL dio a conocer que en Cuautlancingo se está utilizando un terreno para desechar material tóxico y basura, contaminando el suelo y poniendo en riesgo a la fauna y las familias que habitan en los alrededores.
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