De cara a las elecciones, simpatizantes y miembros del Partido Acción Nacional comenzaron a promover el “legado” de las administraciones panistas, centrado en las obras que realizaron, pese a que estas contribuyeron a dejar una deuda pública de 48 mil millones de pesos y observaciones en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con un monto pendiente por aclarar de 14 mil 434 millones de pesos, ejercidos de forma irregular.
En distintas ocasiones, CENTRAL documentó los sobrecostos con los que se ejecutaron obras faraónicas en la administración de Rafael Moreno Valle e irregularidades con las que se licitaron proyectos o se ampliaron para justificar el aumento del precio anunciado.
VER: En el sexenio morenovallista, gobierno gastó 11 mil millones de pesos en obras FARAÓNICAS
#DandoData revisó el Segundo Informe de Gobierno de la actual administración, y en el documento se detalla que, hasta el 2020, la administración afronta una deuda a largo plazo por 48 mil 290 millones de pesos, en donde se incluye la deuda directa y contingente, bonos cupón cero, pero sobre todo los Proyectos para la Prestación de Servicios (PSS) y otras obligaciones financieras heredadas.
Además, sobre el ejercicio de los recursos por parte del Gobierno del Estado, en obras y diferentes acciones, la ASF mantiene observaciones por 14 mil 436 millones de pesos que se erogaron con irregularidades en las administraciones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, el monto más elevado por aclarar es el de la Cuenta Pública 2018 por más de 10 mil millones de pesos.
Entre las irregularidades con las que operaron estas administraciones, destaca el desvío de mil 628 millones de pesos a través del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), que utilizó a 28 empresas fantasma para distintas operaciones que ahora investiga la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Las obras en las que se sustenta el legado
Uno de los principales sellos de la administración de Rafael Moreno Valle fue la ejecución de proyectos de infraestructura, varias obras faraónicas que se realizaron con la intención de incrementar el turismo y hoy se encuentran sujetas a investigaciones o a un relanzamiento, dado que no son rentables por los ingresos que generan comparadas con sus costos.
Una de las obras que se mantiene en escrutinio por la actual administración es el proyecto de Audi, donde se instaló la armadora de autos alamana con todos los beneficios posibles y el estado terminó pagando 2 mil 150 millones 522 mil 277 pesos para la construcción de las plataformas de la empresa. Aunado a los mil 787 millones de pesos que se invirtieron para Ciudad Modelo, un lugar fantasma que la actual administración intenta rescatar con nuevas inversiones.
El Museo Internacional Barroco tuvo un costo final de 7 mil 280 millones 933 mil pesos y las irregularidades con las que se ejecutó el proyecto generaron observaciones por la ASF de 6 mil millones de pesos. Al inicio de la administración de Miguel Barbosa, su entonces secretario de Cultura, Julio Glockner intentó relanzar el proyecto con espectáculo de lucha libre y reduciendo el costo de entrada.
VER: Sin cifras, Glockner asegura que lucha libre en el Museo Barroco incrementó asistencia
El Centro Integral de Servicios (CIS) es la tercera obra realizada bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y tuvo un costo general de mil 372 millones 679 mil 59 pesos, sin embargo, para el 2038, cuando se termine de pagar, ya se habrán erogado 6 mil 643 millones 344 mil 798 pesos por su uso, ya que así se establece en los contratos firmados en la era morenovallista.
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Además, se encuentran las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que tuvieron un costo total de 4 mil 404 millones 784 mil pesos, pero, ante su falta de rentabilidad, el Gobierno del Estado debe otorgar subsidios de manera continua y representan una carga financiera, hasta el 2019 la administración había asignado casi mil millones de pesos para su operación.
Otro proyecto del que también se ha señalado su falta de rentabilidad es la Estrella de Puebla, que tuvo una inversión de 400 millones de pesos, sin embargo, la actual administración pretende moverla a San Francisco para acercarla a todos los poblanos y que se detone esa área cercana al Centro Histórico.
VER: Barbosa moverá la Estrella de Puebla a San Francisco para detonar proyectos inmobiliarios
El gobierno panista al que aluden en campaña dejó deuda de 48 mil mdp y múltiples irregularidades
— Periódico Central (@CentralPuebla) May 6, 2021
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Inversión en obras y las deudas heredadas
#DandoData revisó las Cuentas Públicas de los ocho años en los que gobernó el PAN, y encontró que en dicho periodo se erogaron 37 mil 327 millones de pesos en proyectos de inversión, para obras de infraestructura en sus diferentes modalidades, esta cifra es incluso menor a la deuda pública que dejaron heredada y que comprometió los recursos de la entidad hasta 2039.
https://twitter.com/CaroBeauregard/status/1339030104144547840
Las mismas Cuentas Públicas de Moreno Valle indican que uno de los principales objetivos fue “privilegiar el gasto de capital, en esencial el rubro de inversión en infraestructura”, por ello, desde 2011 se erogaron 3 mil 580 millones de pesos para estas acciones, en 2012 fueron 2 mil 810 millones de pesos, para 2013 sumaron 2 mil 804 millones de pesos, en 2014 se destinaron 5 mil 262 millones de pesos, en 2015 se asignaron 5 mil 48 millones de pesos y en 2016 otros 6 mil 489 millones de pesos.
En lo que respecta a la administración de Antonio Gali Fayad, para 2017 el gasto de inversión pasó a 5 mil 209 millones de pesos, mientras que el del 2018 alcanzó los 6 mil 125 millones de pesos.
A pesar de los miles de millones de pesos invertidos, comprometieron los de sus sucesores, pues la actual administración estatal dio a conocer en el Segundo Informe de Gobierno que el estado afronta obligaciones de pago a largo plazo por 48 mil 290 millones de pesos, en donde se incluye la deuda pública directa y contingente, así como bonos cupón cero.
Además, el pago de los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y otras obligaciones de pago donde se consideran los recursos para liquidar las plataformas de Audi, el CIS y el Museo Barroco, así como los subsidios de la Red Urbana de Transporte Articulado y otros compromisos adquiridos en administraciones anteriores, juicios o litigios pendientes de resolución.
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De hecho, el informe señala que, la administración destinó para el pago de estas obligaciones un importe de 2 mil 406 millones de pesos. Incluso, en su comparecencia en enero, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Teresa Castro Corro indicó que el pago anual pasa a los 4 mil millones de pesos si se toman en cuenta los subsidios a obras no rentables, como el Tren Turístico.
VER: Gobierno de Puebla paga anualmente 4 mil mdp de la deuda heredada por el morenovallismo
Irregularidades en el ejercicio de los recursos
Al revisar los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se detectó que, en los ocho años que gobernó el Partido Acción Nacional en Puebla, se generaron observaciones por irregularidades en el gasto de 14 mil 434 millones de pesos.
Los datos indican que, a la fecha, no se han solventado observaciones por 39 millones 400 mil pesos correspondientes a la Cuenta Pública de 2011, otros mil 479 millones 400 mil pesos del ejercicio fiscal 2012 y 544 millones 400 mil pesos de los recursos obtenidos de la federación en 2013.
Del mismo modo, en el periodo de Rafael Moreno Valle se observó el gasto de 488 millones 100 mil pesos en 2014, 570 millones 400 mil pesos en el ejercicio fiscal 2015, así como 105 millones 300 mil pesos en la Cuenta Pública 2016.
La mayoría de los gastos por aclarar se encuentran en la administración de Antonio Gali Fayad, pues de la Cuenta Pública 2017 se mantienen pendientes mil 180 millones 700 mil pesos, mientras que del ejercicio fiscal 2018 son 10 mil 27 millones de pesos.
En su momento, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que no existe la documentación necesaria para comprobar las irregularidades halladas por la ASF en la Cuenta Pública del 2018, que, entre otros rubros, observó la construcción de la Línea 3 de RUTA y obras del Capcee.
CENTRAL informó que la ASE investiga el desvío de mil 628 millones de pesos otorgados a 28 empresas fantasma que obtuvieron esos recursos a través del Capcee en las administraciones de Moreno Valle y Antonio Gali.
Mediante procesos de adjudicación directa para la prestación de obras y servicios inexistentes, las empresas obtuvieron mil 55 millones de pesos; facturaron ilegalmente otros 311 millones de pesos a la administración estatal; y ejecutaron acciones para otras dependencias, en las que hicieron contratos por 262 millones de pesos.