Tras presentar una denuncia contra dos regidores del G7 quienes la acusaron de tener conflicto de interés en la colocación de los bolardos, la secretaria de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, Alejandra Rubio Acle solicitó su separación del cargo de manera temporal a partir del 15 de febrero de 2020.
A través de un comunicado, la oficina de presidencia del Ayuntamiento de Puebla expuso que esta fue una decisión de la misma secretaria por "motivos personales" y que su licencia será sin goce de sueldo, aunque no señala cuando se reintegrará a laborar.
"El gobierno municipal respeta el derecho de la servidora pública a demostrar su integridad. Por lo que este gobierno respeta su derecho probatorio, así como su decisión de separarse del cargo", señala el documento.
Después de las constantes críticas de automovilistas y el sector empresarial, el Cabildo poblano el pasado 10 de enero, suspendió los trabajos de instalación de bolardos e instruyó a Rubio Acle a que, en un plazo de 20 días hábiles a partir de esa fecha, debía presentar el estudio de factibilidad.
El 6 de febrero, cuatro días antes de que venciera este plazo, la información fue presentada en la Comisión de Movilidad donde se dio a conocer que la bolardiza por la que tanto fue criticada la secretaria y que tuvo que ser suspendida por acuerdo del Cabildo, les costó a los poblanos 19 millones de pesos y en total se intervinieron 21 puntos de la ciudad: nueve en el Centro Histórico y otras 12 intersecciones de alto riesgo para el peatón en Puebla.
La colocación de bolardos, macetas, macetones y biciestacionamientos costó tan solo en el centro de la ciudad 2 millones 715 mil pesos, mientras que los 16 millones restantes se erogaron para las otras 12 intersecciones.
Durante dicha Comisión no se transparentó el nombre de las empresas que instalaron estos bolardos en el Centro Histórico. Sólo se dio a conocer el nombre y monto de las 12 vialidades que están dentro del proyecto “Entornos Seguros”.
Luego de esto, el pasado lunes 10 de febrero, Alejandra Rubio Acle anunció que presentó denuncias en contra de los regidores del G7, Libertad Aguirre Junco y José Luis González Acosta, por los delitos de discriminación y violencia política de género, ya que la acusaron por un presunto conflicto de interés en la colocación e instalación de los bolardos.
