En rueda de prensa, Rubio Acle detalló que las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto Electoral del Estado (IEE) y la Contraloría, por lo que los regidores deberán presentar las pruebas de los señalamientos que realizaron en su contra.
La defensa pública de mi buen nombre me obliga a denunciar penal, administrativa y electoralmente a los señores regidores Libertad Aguirre Junco y José Luis González Acosta, por el desdoro que han hecho de mi persona como servidora pública, sin tener prueba de su dicho", expuso.
La titular de la Secretaría de Movilidad expuso que dichas pruebas las tendrán que recabar de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, para el caso de obra pública; de la Secretaría de Administración, para el caso de las licitaciones; y a la Contraloría, para el caso del registro de empresas.
En su intervención, la abogada de Rubio Acle, quien se identificó como María Mendoza, expuso que la discriminación radicó en que los regidores del G7 solicitaron la renuncia de la secretaria al acusar que se benefició en la compra y colocación de los bolardos.
La abogada aseguró que todas las empresas que fueron contratadas están registradas en la Contraloría Municipal, por lo que deslindó a Rubio Acle de cualquier conflicto de interés, toda vez que no le corresponde hacer el pago directo con las empresas.
Fue el pasado 10 de enero cuando los regidores de Morena, José Luis González Acosta y Libertad Aguirre Junco, acusaron a Alejandra Rubio Acle, de adjudicar la instalación de bolardos a empresas ligadas a familiares suyos.
Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Luis Acosta, presentó el posicionamiento para pedir a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, abriera una investigación contra la funcionaria municipal.
