El ex gobernador de Puebla, Mario Marin Torres, los empresarios Kamel Nacif Borge y Juan Nakad Sánchez así como el ex jefe de la Policía Judicial Adolfo Karam Beltrán son buscados por la tortura cometida en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro durante su detención y trasladó desde Cancun, Quintana Roo realizado el 16 de diciembre de 2005 y, aunque el delito de tortura ya es considerado grave, los cuatro ya tramitan un amparo ante la justicia federal.
El pasado 11 de abril, la magistrada María Elena Suárez Préstamo giró las órdenes de aprehensión en contra de los cuatro personajes involucrados en una confabulación contra la autora del libro “Los Demonios del Edén”. Este domingo el periodista Mario Alberto Mejía compartió los documentos de las órdenes que fueron giradas por la magistrada en Quintana Roo.
VER: Juez gira orden contra Marín, Kamel Nacif, Karam y Juan Sánchez por tortura contra Lydia Cacho
La liberación de las órdenes de aprehensión contra los cuatro personajes ocurrió días después de que Mario Marín reapareció en la escena política de Puebla apoyando públicamente la candidatura del priista, Alberto Jiménez Merino a la gubernatura de Puebla en las próximas elecciones extraordinarias.
Marín, Nacif, Karam y Nakad forman parte de una lista de 11 funcionarios públicos y otros personajes que participaron en un complot para detener, torturar e ingresar al penal de Puebla a la periodista como castigo por mencionar a Kamel Nacif en el libro “Los Demonios del Edén” como uno de los asistentes a las fiestas del pederasta Jean Succar Kuri en Cancún, Quintana Roo.
El acuerdo de Kamel y Marín
El empresario Kamel Nacif y el ex gobernador Mario Marin acordaron la detención de Lydia Cacho iniciándole un proceso penal por el delito de difamación y calumnia que se realizó de manera exprés ante el Poder Judicial y la jueza Rosa Celia Pérez Gonzalez liberó la orden de aprehensión que se ejecutó a través de la Policía Judicial que en ese entonces dirigía Adolfo Karam Beltrán.
El acuerdo quedó exhibido a través de las grabaciones en las que se escucha las llamadas telefónicas entre el gobernador y otros personajes, las cuales fueron publicadas por el diario La Jornada el 14 de febrero del 2005.
Los agentes de la Policía Judicial siguieron órdenes precisas de Adolfo Karam quien exigió que la periodista fuera traslada sin abrigo y vía terrestre desde Cancún a Puebla por lo que la periodista enfermó en el viaje y mientras la movilizaban iban torturándola de manera psicológica amenazando con violarla, ahogarla y tirar su cuerpo.
El trayecto fue de mil 500 kilómetros hasta la ciudad de Puebla. La periodista enfermó con un cuadro agudo de enfermedades respiratorias que presentó mientras estuvo en prisión. Y finalmente logró su liberación después de pagar una fianza de alrededor de 106 mil pesos.
Durante 20 horas de camino de Cancún a Puebla, los judiciales se dedicaron a amenazarme, me torturaron de diversas formas. En cuanto llegué a Puebla, otra vez me metieron a la cárcel, tenía las advertencias de que iba a ser violada”, relató Lydia en su libro “Memorias de una infamia”.
Nakad pidió “un trato especial” para Lydia en prisión
También fueron exhibidas llamadas telefónicas con el empresario Juan Nakad, quien controlaba parte de las maquiladoras que funcionaban dentro del penal de San Miguel en Puebla.
A Juan Nakad, el empresario Kamel Nacif le solicitó que con sus contactos dentro del penal arreglara “un trato especial” en contra de la periodista para que fuera violada al interior de la prisión en Puebla.
Tras las publicaciones de la grabación el proceso legal en contra de Lydia duró más de un año, y ella contrademandó por tortura en 2009.
El 11 de diciembre de 2014, el policía judicial José Montaño Quiroz fue detenido y trasladado a Cancún. Finalmente, el 20 de octubre del 2017 el caso tuvo sentencia. La periodista y escritora aseguró en una entrevista con Carmen Aristegui que su caso habría quedado en el olvido de no ser por la presión de instancias internacionales.
Apenas en 2017, Montaño Quiroz fue sentenciado a 11 años de prisión Montaño Quiroz, quien fue sentenciado a pasar 5 años de prisión y tres meses, según determinó el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo.
Un segundo policía fue detenido el 4 de diciembre del 2018, se trata del agente ministerial Alejandro Rocha Laureano. Según informaron fuentes de PÁGINA NEGRA dentro de la Fiscalía General del Estado, el titular de la Policía Ministerial, Juan Luis Galán Ruiz fue notificado este día por agentes del estado de Quintana Roo, quienes llegaron directamente a su oficina.
VER: Detienen a otro policía acusado por torturar a Lydia Cacho
Después de la detención de Rocha Laureano, dos agentes más solicitaron el amparo de la justicia federal. Se trató de las agentes de la Policía Ministerial de Puebla, María Irene Arteaga y Verónica Chávez.