Puebla es uno de los 10 estados del país que tienen las leyes más retrógradas en materia de aborto, pues ni siquiera se permite la interrupción legal del embarazo cuando la salud de la mujer esté en riesgo.
El Grupo de Información en la Reproducción Elegida (GIRE) analizó las legislaciones de las 32 entidades federativas sobre este tema. En total son 7 causas por las que una mujer puede abortar. En la entidad poblana solo están permitidas 4.
En la entidad poblana solo se toleran cuatro causales: por violación, peligro de muerte para la mujer, que el aborto sea sin intención y cuando los médicos detecten alteraciones en el producto.
Mientras que las causales por las que las mujeres en Puebla son encarceladas son: inseminación no consentida, que se practique por razones económicas, por riesgos a la salud y por decisión de la mujer.
La Ciudad de México es el único estado del país en el que las siete causales están legalizadas, y las instituciones públicas brindan estos métodos de manera gratuita.
Es preciso aclarar que la causal de aborto por salud es cuando el embarazo es de riesgo. Mientras que la causal de riesgo de muerte es cuando corre peligro la vida de la mujer desde las primeras semanas de concepción.
De acuerdo con los datos, en los estados de Baja California Sur, Colima, Michoacán, Tlaxcala y Yucatán se contemplan seis causales de aborto no penalizadas. Solamente por decisión propia hasta las 12 semanas de gestación no está validada.
En caso de que alguna mujer interrumpa su embarazo por las razones anteriores será castigada con cárcel.
En Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Nayarit, y el Estado de México, sucede lo mismo que en Puebla con cuatro causas justificadas.
Fue a finales de mayo cuando la coordinadora del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Puebla, Rocío García Olmedo presentó una iniciativa en materia de aborto para que las mujeres que lo realicen eviten la cárcel y mejor hagan hasta 300 días de servicio comunitario.
La propuesta, que está por el momento en la congeladora, pretende cambiar el artículo 342 del Código Penal.
Actualmente, dicho artículo refiere que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
Con la propuesta de la priista quedaría de la siguiente manera:
“Se impondrán de tres a seis meses de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro la haga abortar, o, tendrán de cien a trescientos días de labor comunitaria”.
Aunado a esta propuesta, la priista también busca un cambio a la Ley Estatal de Salud para que en los hospitales públicos se “proceda a la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y con calidad”, procedimiento que se aplicará hasta las 12 semanas de gestación y con las cuatro causales permitidas.
En la justificación de la reforma a la Ley de Salud para legalizar el aborto, la diputada Rocío García estableció que el fondo del tema es por salud pública debido a la cantidad elevada de muertes maternas y de embarazos entre adolescentes.
