La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Puebla, Rocío García Olmedo presentará su segunda iniciativa pro-aborto, ya que este lunes propondrá cambios a la Ley Estatal de Salud para que en los hospitales públicos se “proceda a la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y con calidad”, procedimiento que se aplicará hasta las 12 semanas de gestación.
Como en Puebla la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal, esta atención hospitalaria aplica sólo para los casos previstos por la ley: que el embarazo sea producto de una violación, que el bebé presente riesgos en su Salud o que ponga en riesgo la vida de la madre.
La iniciativa está enlistada en el punto 17 de la Orden del Día de la sesión ordinaria de este lunes 10 de junio. La propuesta de reforma a diversos artículos de la Ley Estatal de Salud es un complemento a la iniciativa que presentó para reformar el Código Penal hace unas semanas en la se contempla que las mujeres que aborten realicen servicio comunitario en lugar de ser encarceladas.
En esta nueva iniciativa el cambio que más destaca es al artículo 70 Bis que hace referencia a que “las instituciones públicas de salud del estado deberán proceder a la interrupción legal del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Puebla, cuando la mujer interesada así lo solicite desde la concepción y hasta la décima segunda semana de gestación”.
En este mismo artículo se establece que cuando la mujer decida practicarse el aborto “las instituciones de salud deberán efectuarla en un término no mayor a cinco días naturales, contados a partir de que sea presentada la solicitud y cumpla con los requisitos que marca la ley”.
Solamente en caso de violación, los médicos deberán interrumpir el embarazo de manera inmediata.
Artículo 70 Bis (párrafo tres): cuando la mujer decida practicarse la interrupción legal de su embarazo, las instituciones de salud deberán efectuarla en un término no mayor a cinco días naturales, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos que establezca la Secretaría de Salud, excepto cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual, en cuyo caso la institución deberá efectuar la interrupción legal del embarazo inmediatamente”.
Dicha iniciativa impulsada también por Rocío García propone cambiar el artículo 342 del Código Penal, que incluyen las penas en contra de las mujeres que aborten.
Actualmente, dicho artículo refiere que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
Con la propuesta de la priista se pretende que el artículo 342 quede de la siguiente manera: “se impondrán de tres a seis meses de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta que otro la haga abortar, o, tendrán de cien a trescientos días de labor comunitaria”.
García Olmedo defendió su propuesta, bajo el argumento de que es una acción inmediata que salvaría a las mujeres de la cárcel mientras se logran los votos necesarios para modificar la Constitución de Puebla o se aprueba a nivel federal.
Las cifras negativas
En la justificación de la reforma a la Ley de Salud para legalizar el aborto, la diputada Rocío García estableció que el fondo del tema es por salud pública debido a la cantidad elevada de muertes maternas y de embarazos entre adolescentes.
De acuerdo con las cifras presentadas, Puebla es tercer con más mujeres que han acudido a la Ciudad de México a abortar. Desde 2007 a 2018, mil 241 poblanas han ido a la capital del país a interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
Además, señaló que Puebla es una de las entidades con mayor mortalidad materna, con un total de 30 el año pasado.
Indicó que al legalizarse el aborto se podrá acabar con las clínicas clandestinas, en las que ocurren muertes y que se desconoce una crifra.
