En 2013, cuando el gobierno morenovallista implementó el programa Monitor Vial, mejor conocido como fotomulta, se tenía una postura generalizada en contra, debido a la opacidad con la que se manejó el tema. Se acusó que era el nuevo negocio de la administración en turno y solo buscaban sangrar el bolsillo de los poblanos.
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta reveló hace unos días que el contrato con la empresa Autotraffic —encargada de manejar las cámaras— venció en junio pasado y revisaría la continuidad de este sistema.
De inmediato, los opositores al viejo régimen celebraron que por fin se echará a bajo este esquema de cobro y que el negocio de unos cuantos dejará de existir.
Sin embargo, lo más conveniente para la movilidad de Puebla es que se busque la continuidad de las fotomultas, pues más allá de la cuestión recaudatoria, los accidentes viales bajaron en las vialidades en las que se instalaron las cámaras.
Las cifras oficiales refieren que los accidentes se redujeron en 80% durante los años que ha operado la fotomulta.
Este debe ser el punto de partida para mantener el programa. Después de ello, el gobierno estatal debe asumir la operación de las cámaras y no tener que pagarle a un privado por la operación.
El gobierno de Miguel Barbosa tiene la obligación de transparentar cuánto dinero se ha generado en el programa Monitor Vial y a dónde fue a parar. Hasta el monumento se sabe que el cobro de multas casi llegó a los 700 millones de pesos.
Antes de la fotomulta, en el Periférico Ecológico todos los días se tenían imágenes de choques, carambolas, prensados, muertos, descuartizados, todo gracias a que los responsables manejaban a una velocidad muy elevada.
Sin estas multas, los automovilistas volverán a sentirse libres y sin miedo de pisar el acelerador para ir a más de 80 o 90 kilómetros. No tendrán que pagar 800 pesos por infracción y seguramente volverán a ser recurrentes las noticias de muertes viales.