Una vez que el gobierno de Puebla oficializó el aumento de la tarifa del transporte público a 8.50 pesos a partir del 12 de octubre, la queja unánime es que se haya autorizado a pesar de la pésima calidad del servicio que se ofrece.
La principal queja de los usuarios es que viajan en unidades viejas y que en su mayoría ya no están en condiciones para operar.
El gobierno estatal les dio un plazo de cuatro meses para remodelarlas y aplicar los sistemas de seguridad pactados en el acuerdo. Pero en este periodo tan corto será imposible modernizar algo que lleva prácticamente una década en el olvido.
En los últimos años, los concesionarios han reducido costos en la remodelación de sus unidades, pues en lugar de comprar vehículos nuevos cuando termina su tiempo de vida útil, gastan en un esquema denominado repontencializar.
Esta medida consiste en cambiar el chasis de los microbuses. Quitan el viejo que ya tiene más de 10 años y le meten uno que permita a la unidad volver a ser funcional ante la Secretaria de Transporte. También sustituyen el número de serie de esta pieza y con eso están listos para ser reemplacados y seguir prestando el servicio en las calles.
Durante los gobiernos morenovallistas está fue una práctica que se toleró. Los supervisores revisaban los papeles del chasis y el número de serie y al darse cuenta que no habían caducado, entregaban la renovación.
De este modo se tenían unidades con cascaron viejo y asientes en pésimas condiciones, pero con soportes relativamente nuevos.
En lugar de comprar unidades de más de un millón de pesos, los concesionarios optaron por comprar camionetas de 3.5 toneladas por cerca de 300 mil pesos para quitarles el chasis y revivir sus microbuses.
Esto se puede realizar muy fácil pues páginas como Mercado Libre están llenas de anuncios para implementar esta medida.
En caso de que los supervisores del gobierno estatal encontrarán irregularidades, la mordida más baja era de 20 mil pesos para obtener la renovación del servicio.
Con este antecedente será complicado renovar el parque vehicular del transporte público en cuatro meses, porque legalmente esas unidades están en regla.