¿Qué pasa en Puebla que ese sentimiento de impunidad ronda por los pasillos del Poder Judicial del Estado?
El 26 de octubre del año pasado, dos juniors agredieron salvajemente a un joven empresario, a quien sorprendieron cobardemente por la espalda cuando cenaba en el restaurante Hotaru, ubicado en plaza Solesta, de la zona de Angelópolis.
El empresario tuvo confianza en las autoridades, y después de pasar dos días en el hospital denunció a los dos agresores, quienes estaban plenamente identificados como los hermanos Francisco y Luis T., uno empleado de una financiera y el otro secretario particular de un notario.
Todo quedó grabado en video y esto debería de ser una clara evidencia suficiente para acreditar los delitos de la agresión, el robo con violencia y las amenazas de muerte.
Otros comensales atestiguaron los hechos.
La víctima presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Con los elementos presentados, el juez Aarón Hernández Chino giró la orden de aprehensión en contra de Francisco.
El 21 de enero los agentes ministeriales lograron detener el pasado a Francisco, cuando ingresaba a su trabajo en la Financiera Impulsa, ubicada en la Torre Titanium, a un costado de Ciudad Judicial.
Irónicamente, Aarón Hernández Chino se desistió del caso. A pesar de que él había liberado la orden de aprehensión dijo después que carecía de elementos o pruebas por parte del Ministerio Público.
El problema no es que Hernández Chino haya cambiado de un día para otro su manera de juzgar el caso.
El problema es ahora la incertidumbre en la que deja a la víctima.
El empresario incluso teme por su vida, porque han continuado las amenazas en su contra y sabe perfectamente que el agresor pudo hablar con el juez antes de la audiencia para pedirle ayuda.
Contra el segundo agresor, Luis T., permanece vigente una orden de aprehensión por este mismo hecho, ¿cómo actuará ahora el Poder Judicial de Puebla?
Los agresores no solamente deben los gastos médicos y la reparación del daño a la víctima, también deben pagar por los destrozos que causaron en el restaurante Hotaru y por los que están vetados del grupo restaurantero Mochomos, a quien pertenece el establecimiento.
Pareciera que el brazo de la justicia en Puebla es tan corto que no alcanza a todos.
En el Poder Judicial deberían revisar qué ocurrió con este proceso (integrado en la CDI 17963/2018) porque a casi cinco meses de que ocurrieron los hechos el joven empresario agredido no sabe qué es la justicia en Puebla
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