Con el aval de las bancadas del PRI y del PAN, este miércoles el Congreso de Puebla avaló por unanimidad de votos regresar el Registro Civil y recaudación de este servicio a las juntas auxiliares en el estado de Puebla.
Sin embargo, aún falta que entre en vigor y ello dependerá del gobernador, Antonio Gali Fayad, quien ha vetado cuatro ordenamientos aprobados en el Poder Legislativo desde el 15 de septiembre.
Un hecho que destacó fue la ausencia del exmorenovallista y diputado local de Morena, Héctor Alonso Granados, quien se ausentó al momento de la votación.
En su intervención ante el Pleno, el coordinador de la bancada del PT, José Juan Espinosa Torres pidió a los ediles auxiliares brindar con responsabilidad este servicio, con el fin de que las juntas auxiliares tengan mayores competencias.
Asimismo, dejó en claro que el cobro de los servicios que otorgue el Registro Civil serán apegados a lo que establece la Ley de Ingresos, por lo que no podrán poner preciso al aire, como anteriormente lo hacían.
La propuesta presentada por la diputada local de Morena, Vianey García Romero, reformó los artículos 91 y 231 de la Ley Orgánica Municipal, en la que también los ediles auxiliares tendrán la facultad de jueces del Registro Civil.
En 2013, el Congreso local aprobó una reforma para quitarles a las juntas auxiliares y a sus ediles la facultad del recaudo por el servicio del Registro Civil, además de prohibirles que se asumieran como jueces del mismo. La iniciativa fue aprobada por el en ese entonces diputado, Mario Riestra Piña.
VER: Aprueban diputados reforma a las Juntas Auxiliares que NO termina con los #Minivirreyes
En marzo de 2016, a un mes de que se llevara a cabo el proceso electoral, el exgobernador Rafael Moreno Valle propuso modificar el artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal para establecer que los alcaldes subalternos pudieran: “Coadyuvar con las autoridades del Registro del Estado Civil de las Personas en términos de las disposiciones aplicables”, sin embargo, no les devolvía el 100 por ciento las facultades.
VER: Moreno Valle propone regresar el Registro Civil a las juntas auxiliares
Es preciso señalar que el diputado local de Morena, Arturo Rosas Cuevas presentó una iniciativa de reforma al artículo 231 de la Ley Orgánica Municipal para que las juntas auxiliares sean un cuarto nivel de gobierno y puedan cobrar el predial, manejar recursos públicos, así como tener participación en el Cabildo.
Sin embargo, esta propuesta va en contra de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que los Ayuntamientos son quienes se encargan de la recaudación y que además son sujetos de revisión de cuentas.
Estos son los vetos que ha aplicado el gobernador
El 2 de octubre pasado, fue la primera vez que el gobernador, Antonio Gali vetó leyes aprobadas en el Congreso Local y envió observaciones para su corrección.
Luego de que los diputados aprobaron la derogación de la Ley Bala, el mandatario estatal aseguró que Puebla no Puebla no puede quedarse sin una legislación que regule el uso de la fuerza pública.
En el caso de la Ley a la Fiscalía General del Estado, los diputados locales le regresaron al Congreso la facultad de designar al titular de este organismo, luego de que la anterior legislatura permitió que Víctor Carrancá designará a su sustituto.
El gobernador el gobernador consideró que esto viola el principio de la no retroactividad de la ley y que además vulnera la autonomía de la Fiscalía de Puebla.
La tercera ley vetada fue contra la reforma que aprobaron los diputados morenistas para que el Congreso local no pueda designar presidentes municipales sustitutos, tal y como sucedió con Luis Banck en 2016.
El documento con las observaciones a la reforma que se hizo al artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal fue turnado al Poder Legislativo local para que se remita a comisiones durante la sesión ordinaria de este miércoles.
La última ley a la que se le hicieron observaciones fueron los cambios a de Medio Ambiente en la que le quitaron el control de los espectaculares en la zona metropolitana al gobierno estatal, bajo el argumento de que habría un vacío jurídico para su regulación.
