El gobernador de Puebla, Tony Gali Fayad aplicó el derecho de veto que le otorga la Constitución en contra de la derogación de la Ley Bala y la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalia General del Estado, aprobadas recientemente por el nuevo Congreso local que está conformado en su mayoría por diputados de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, PES, PT).
El presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa publicó en sus redes sociales los oficios en los que el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco le informa que le regresan los dictámenes con observaciones hechas por el Ejecutivo. El Congreso tiene 30 días para aprobar nuevos dictámenes, atendiendo las observaciones del gobernador.
Hace unos minutos @TonyGali ha vetado actos soberanos que decidimos la mayoría de diputados de @CongresoPue Lamento la postura que asumen quienes se sientes dueños, amos y señores de #Puebla pic.twitter.com/LtxsMgasMO
— José Juan Espinosa (@JoseJuanEsp) 2 de octubre de 2018
Según informó la Secretaría General de Gobierno, la derogación de la Ley Bala fue vetada porque el gobernador considera que antes de derogarla debe haber una nueva "Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado" que la sustituya.
El Estado no tendría un marco jurídico de actuación, que se traduce en un actuar discrecional de los elementos policiales en agravio a los Derechos Humanos de particulares. Por ello, se propuso ajustar ese transitorio para quedar de esta manera: `El presente Decreto entrará en vigor una vez que el Congreso del Estado establezca nuevas disposiciones para la protección de los Derechos Humanos y el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las instituciones policiales en el Estado de Puebla y las mismas se publiquen en el Periódico Oficial del Estado´.
La segunda observación se realizó en el sentido de que las normas que se emitan, deben plasmarse en una Ley y no en un Reglamento, de no ser así se estaría violando el principio de jerarquía normativa.
Y es que esta ley no solo permitía el uso de armas no letales contra manifestaciones, si no que además regula el uso legítimo de la fuerza como defensa de las fuerzas policiales, por lo que derogarla en su totalidad pondría en riesgo este rubro.
La llamada Ley Bala fue derogada el pasado 17 de septiembre con el voto unánime de la Legislatura, sin embargo para que entre en vigor debía ser publicada en por el Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado. Gali decidió no hacerlo al considerar que hay correcciones que hacer.
En el caso de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, el gobernador considera que viola el principio de la no retroactividad de la ley y que además vulnera la autonomía de la Fiscalía de Puebla.
El Artículo Tercero Transitorio de la Ley que se observó es retroactivo, porque pretende afectar los nombramientos del Fiscal General y del Encargado de Despacho, que fueron generados con anterioridad a la emisión de la reforma. Se afecta el interés social. La FGE es el órgano encargado de la procuración de justicia, cuestión que es de interés social y orden público. Por ello, el nombramiento y remoción de sus Titulares debe realizarse conforme a las leyes que sean constitucionalmente válidas, lo cual no ocurre en este caso. La reforma viola la autonomía Constitucional de la FGE. Plantea que si la ausencia del Fiscal General es mayor a 30 días, se considerará falta definitiva. Como organismo autónomo, la FGE tiene la capacidad de decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, por lo que el Legislativo no puede interferir respecto a las ausencias temporales de los servidores de ese órgano, ni determinar cuándo pueden considerarse faltas definitivas", señala el boletin oficial.
Hay que recordar que en este caso la reforma le regresaba al Congreso de Puebla el poder para nombrar al nuevo Fiscal de Puebla pero además contenía un transitorio para tirar el nombramiento de Gilberto Higuera como nuevo titular de la FGE tras la solicitud de licencia de Víctor Carrancá.
Ahora el proceso señala que las iniciativas regresarán a comisiones para su estudio, tendrá el Congreso 30 días para emitir un nuevo dictamen, ahora con las dos terceras partes de los votos, y enviarlo al Ejecutivo. Esta es la primera vez que el gobierno utiliza su derecho de veto conferido en la Constitución.
