La cabeza del fiscal General de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, pende de un hilo después del doble feminicidio de Juany Maldonado, candidata a la diputación local por Huauchinango del Partido Verde Ecologista y su compañera militante, la regidora Erika Cázares, ocurrido la noche del 1 de junio. Desde 2011 que llegó como parte del gabinete de Rafael Moreno Valle a la entonces Procuraduría General de Justicia, al fiscal se le ha acumulado un historial de casos sin resolver e investigaciones cuestionables.
Desde los métodos para cuadrar sus investigaciones, con la implementación de arraigos —hoy anticonstitucionales—, el ridículo provocado por las pruebas en cabezas de marrano con las que intentó culpar a los pobladores de Chalchihuapan por la muerte del niño José Luis Tehuatlie, pasando por las desapariciones de los seis jóvenes de Lomas de San Miguel y la liberación de Jorge Aduna, hasta la ola de feminicidios que no acaba, el despacho de Carrancá es señalado por la carencia de certeza y justicia para los poblanos.
A esto se suma el feminicidio sin resolver de Paulina Camargo y el caso de Mara Castilla, que también se tambalea.
En 2015, gracias a una reforma presentada por el exgobernador Rafael Moreno Valle, el Congreso de Puebla aprobó eliminar la Procuraduría y crear una Fiscalía General del Estado, independiente del gobierno. Entonces Carrancá se convirtió en automático en el titular para los próximos 7 años; es decir, hasta 2022.
La salida del Fiscal parece inminente después de que la candidata de la coalición Por Puebla al Frente, Martha Erika Alonso; por Morena, Luis Miguel Barbosa; y la abanderada a alcalde, Claudia Rivera; exigieran la renuncia de Víctor Carrancá como titular de la Fiscalía General del Estado si no esclarece la ejecución de la candidata del Partido Verde, Juany Maldonado y la regidora Erika Cázares en Huauchinango.
Sin embargo, su remoción no es sencilla. Si se quisiera hacer desde el Congreso se necesitaría el voto de las dos terceras partes de los legisladores y un procedimiento en su contra, y el día ayer,4 de junio, el gobernador Tony Gali declaró que será Carrancá quien decida si quiere renunciar de manera voluntaria al cargo, lo que facilitaría el proceso.
PÁGINA NEGRA preparó un recuento de parte de los casos inconclusos, homicidios e investigaciones que han quedado en duda, además de las muertes de mujeres que han provocado el enojo de los poblanos.
Recién iniciado el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, la dinámica de la entonces Procuraduría General de Justicia era detener primero a los sospechosos, ingresarlos en arraigo a hoteles para ganar tiempo y después cuadrar los casos. Pero en marzo del 2014 el arraigo fue considerado como anticonstitucional así que los funcionarios al mando de Víctor Carrancá Bourget no pudieron aplicarlo más.
Sin embargo, han trascendido casos de tortura brutal ocurrida dentro del Motel Kyoto, uno de los sitios utilizados por la dependencia a inicios de la administración de Moreno Valle, como es el caso de Noé Hernández Hernández que se encontraba desaparecido para su familia por semanas, pero se encontraba en arraigo domiciliario acusado por un homicidio que no cometió.
El 9 de julio de 2014 policías estatales de Puebla se enfrentaron a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, tras un operativo de desalojo de la protestaban por el retiro del Registro Civil y otras medicaciones a la Ley Orgánica Municipal. En el lugar fue herido de muerte el niño José Luis Tehuatlie. La entonces Procuraduría General de Justicia intentó comprobar que fue un cohetón lanzado por los pobladores de Chalchihuapan a través de un peritaje realizado con cabezas de marrano. El 11 de septiembre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación contra el gobierno de Rafael Moreno Valle que precisó la causa de la muerte: el niño José Luis fue alcanzado por una bala de goma que le provocó muerte cerebral.
VER: CNDH da carpetazo al caso Chalchihuapan
Hasta el momento, los familiares de Marco Antonio Cuautle Cuautle, Román Limón Gómez, Pedro Negrete Orea, Luis Ángel Flores Gutiérrez, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Torres Sandoval, los seis jóvenes levantados entre el 19 de octubre y el 27 de noviembre del 2015 no reciben información de cuál es el paradero de sus restos.
Al empresario Jorge Aduna Villavicencio se le acusó de ordenar la desaparición de los seis jóvenes como venganza por haber asaltado y, supuestamente, atacar sexualmente a una familiar suya.
El empresario gallero, pasó menos de dos años en prisión y fue liberado el pasado 14 de junio del 2017. Hasta la fecha, las madres de los desaparecidos no han recibido los exámenes de ADN que confirmarían que sangre, ropa y los pocos restos encontrados en una de las propiedades cateadas del empresario Jorge Aduna corresponden con ellos.
VER: Por venganza empresarios mandó a levantar y descuartizar a los jóvenes de Lomas de San Miguel
La noche del 2 de marzo del 2016 una balacera y un levantón masivo ocurrió en un palenque clandestino de Cuautlancingo, dos días después fueron encontrados restos humanos en tambos que contenían ácido en el municipio de San Andrés Calpan y que coincidían con los sujetos secuestrados.
Durante la balacera, un comando armado disparó contra dos personas que habrían resultado muertas y habrían secuestrado al menos 20 más; de las cuales cuatro ya están identificadas.
Asimismo se informó que fueron nueve bolsas con restos humanos las halladas en 10 tambos, mismas que fueron llevadas al Servicio Médico Forense de Puebla (Semefo), pero la dependencia que dirige Carrancá jamás ha presentado avances de los posibles responsables.
VER: Confirmado: Entambados de Calpan son los "levantados" en el palenque de Cuautlancingo
El director del Departamento de Indicios de la Fiscalía General del Estado, Nahur Hernández Santaella fue detenido el 1 de noviembre del 2017, después de que se le responsabilizó por la desaparición de más de 4 millones de pesos en evidencias, joyas, bolsas de dinero en efectivo, aparatos electrónicos de la bóveda a su cargo.
En un comunicado de la Fiscalía General del Estado se especificó que la suma solamente asciende a 4.8 millones de pesos, y se descartan vehículos entre los artículos robados. Finalmente, los fiscales en la audiencia del nuevo sistema de justicia indicaron que solamente su pudieron comprobar 2.6 millones de pesos como el faltante de la bodega.
En la Franja del Huachicol, se han extendido capos huachicoleros desde la zona de Palmar de Bravo hasta San Martín Texmelucan sin que ninguna investigación en contra de ellos progrese. Y aunque el delito de robo de hidrocarburo es de orden federal, este ha provocado otras variantes.
En la zona colindante de Veracruz y Puebla se mantiene operando Roberto de los Santos, conocido como “El Bukanas”, cuya banda ahora incursiona en el robo de tractocamiones cargados de mercancía y hasta el robo de trenes con carga. “El Toñín” se mantiene en Palmar de Bravo y Quecholac, con el robo de hidrocarburo y mantiene propiedades y paso libre por la zona de Tecamachalco sin ser molestado. Y en la zona de San Martín Texmelucan opera la banda de “La Negra”, quien ahora se quitó de encima a “Los Villegas” luego de las investigaciones en las que se detuvo a uno de sus líderes.
Sin embargo, en un reporte de PGR publicado ayer por Excélsior. En Puebla fueron detenidas cuatro mil 296 personas, sin embargo, sólo fueron condenadas 21, lo que representa una impunidad del 99.51 por ciento.
Aunque se han filtrado versiones extraoficiales de que la banda de “Los Villegas” se encuentra ligada a la aparición de narcomantas y la colocación de cadáveres descuartizados en San Martín Texmelucan en cuatro ocasiones, entre los meses de marzo y abril del 2018, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha presentado un informe forense de a quienes podrían pertenecer todos los cuerpos encontrados y hasta el momento aún no se detalla la participación de funcionarios municipales con la delincuencia organizada.
El operativo Encrucijada —que se realizó el 9 de marzo en Atzitintla después de la muerte de tres agentes de la Fiscalía de Investigación en Delitos de Alto Impacto (FISDAI), que se encontraban investigando en la zona colindante de Puebla y Veracruz—, provocó la detención de 87 personas, entre ellos el alcalde de Isaías Velázquez Reyes, a quien se le acusó de estar coludido con Los Zetas, en específico con la banda de “Los Bukanas”, y de entregar a los agentes ministeriales para que fueran ejecutados por los criminales.
Solo 42 detenidos se mantuvieron presos en el penal de Tepexi y solamente a 22 de ellos la Fiscalía logró integrar correctamente las carpetas de investigación, aunque actualmente sólo restan diez de comprobar su participación en los hechos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) justificó la liberación de José Cristian R., alias “El Grillo”,detenido el 28 de mayo en Puebla, pues, según la dependencia, solamente fue presentado por el delito de cohecho, aunque se le encontraron armas de fuego.
Versiones oficiales señalan que “El Grillo" estaría relacionado con la colocación de narcomantas, la siembra de cadáveres en distintas zonas de la ciudad e incluso con la muerte del comandante Filiberto Rugerio e
Sobre su liberación, la Fiscalía advirtió que fue entregado a las autoridades federales por el delito de posesión de arma de fuego pero no se indicó ni su paradero o su situación legal.
Karla López Albert.- La joven fue reportada como desaparecida el 31 de enero de 2014 en Puebla. Su cuerpo fue encontrado el 7 de febrero de ese mismo año en la delegación Tláhuac, en la Ciudad de México y como probable responsable se detuvo a su pareja, Manuel Forcelledo, quien pagó para que asesinaran a la joven y un bebé que tenía 5 meses de gestación. También se detuvo a Leopoldo Camacho Vázquez, Rodrigo Augusto Solís Cano y Moisés Cordero Hernández; sin embargo, el primero de ellos fue liberado pues solo fue acusado por falsedad de declaraciones y logró ganar un amparo con el que, tras pagar una fianza, obtuvo su libertad. Hasta la fecha, ninguno de los otros tres detenidos ha recibido sentencia por el feminicidio de Karla López Albert.
VER: Liberan a implicado en el feminicidio de Karla López Albert
Mara Fernanda Castilla.- La joven de 19 años y estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue presuntamente asesinada por Ricardo Alexis, conductor de Cabify el 8 de septiembre de 2017. El 12 de ese mismo mes, Ricardo Alexis fue detenido en Tlaxcala y enviado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla donde fue acusado únicamente por privación ilegal de la libertad pues el cuerpo de Mara todavía no era localizado.
Fue hasta el 15 de septiembre, saliendo de la audiencia de vinculación a proceso del conductor de Cabify, que se anunció que la joven ya había sido localizada sin vida en los límites de Puebla y Tlaxcala. La Fiscalía anunció que se le imputaría los delitos de feminicidio, robo y violación pero fue el 4 de febrero que se vinculó nuevamente a proceso, solo por el delito de feminicidio.
El Juez de Control ha negado diligencias a la Fiscalía General del Estado por considerarlas impertinentes debido a que no son solicitadas en el tiempo o forma oportuna. Incluso, el abogado de Ricardo ganó un amparo que tiene suspendido el proceso por el delito de privación ilegal de la libertad.
Respecto al feminicidio, el tiempo otorgado para la etapa de investigación complementaria ya concluyó a pesar de que la Fiscalía agotó los meses que por ley tenía para juntar todos los datos de prueba y presentar la acusación contra Ricardo Alexis para enfrentarlo en juicio, situación que no ha pasado.
VER: Juez acusa a la Fiscalía de negligencia y estancamiento del caso de Mara Castilla; dan un mes más para reparación (VIDEO)
Paulina Camargo Limón.- Quizá este es uno de los casos más polémicos que ha enfrentado el Fiscal Carrancá, pues a pesar de que nunca se localizó el cuerpo de Paulina Camargo y aun así, acreditó el homicidio, ha buscado todos los recursos para evitar que el presunto responsable, Chema Sosa, quede en libertad.
Paulina Camargo desapareció desde el 2015 y el principal sospechoso fue su pareja sentimental, José María Sosa quien fue vinculado a proceso por el delito de homicidio. Tras ganar múltiples amparos por irregularidades en todo el caso y que los datos de prueba presentados por la Fiscalía en contra de Chema Sosa fueron considerados por un Juez Federal ilegales, el joven estaba a punto de quedar en libertad cuando la dependencia anunció que le imputarían el delito de desaparición cometida por particulares. Es decir, la misma Fiscalía acusa al joven de homicidio pero, al no existir ni cuerpo ni datos de prueba en su contra, lo tiene bajo proceso por desaparición.
VER: Familia de Paulina Camargo pide 2 millones de pesos por la libertad de Chema Sosa; juez comete desacato y lo deja en la cárcel
Minerva Calderón.- Minerva Calderón, estudiante de la Universidad Iberoamericana, fue asesinada en marzo de 2017 y a pesar de que el agresor está plenamente identificado e incluso, la Fiscalía encontró indicios en su contra, logró darse a la fuga pues al parecer, no se giró una orden de aprehensión en su contra a tiempo.
José Rodrigo N sería el presunto feminicida de Minerva Calderón y los familiares de la víctima acusan que está siendo protegido por sus padres, doctores prestigiados del Hospital Ángeles y atribuyen a eso la nula capacidad de actuar de las autoridades. Supuestamente la Fiscalía solicitó la colaboración de las autoridades del resto de los estados para detenerlo, pero hasta la fecha, no se ha logrado.
VER: Al grito de ¡Justicia para Minerva, castigo para Rodrigo!, familiares de la joven asesinada se manifiestan frente al Hospital Ángeles
Tania Verónica Luna.- La joven de 21 años, originaria del estado de Veracruz fue asesinada en septiembre de 2016. Luis Humberto Ortega, el responsable de lo ocurrido, fue detenido y con recursos legales logró retrasar por más de un año el juicio donde se desahogarán todas las pruebas en su contra. Aunque el pasado 2 de febrero la Fiscalía logró obtener fallo condenatorio en su contra; es decir, demostrar su culpabilidad, hasta el momento se está a la espera de que Luis Humberto reciba una sentencia.
VER: Demuestran culpabilidad del feminicidade Tania Verónica Luna; dictarán sentencia próxima semana
