Por segunda vez consecutiva la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) ignorará la violación de garantías individuales que sufrieron los habitantes de Chalchihuapan el pasado 18 de octubre, cuando 60 elementos de la policía estatal y ministeriales irrumpieron en la madrugada en la población y detuvieron con excesiva violencia a 5 ciudadanos por su supuesta responsabilidad en la manifestación del 9 de julio.
De acuerdo con lo publicado por el portal de noticias E-Consulta, la CDHEP, que preside Adolfo López Badillo, pretextó que ninguno de los afectados ha acudido a quejarse ante la Comisión y descartaron iniciar una investigación de oficio.
Esta es la segunda vez que la Comisión Estatal es omisa con el caso Chalchihuapan, pues el 9 de julio, cuando el gobierno del estado implementó un violento operativo para despejar la manifestación que mantenía bloqueada la autopista Puebla-Atlixco —que provocó la muerte del niño José Luis Tlehuatle—, el ombudsman del estado tampoco retomó el caso y fue la instancia nacional la que se pronunció y acusó fuertes violaciones a las garantías individuales de los ciudadanos.
El pasado 18 de octubre elementos de la policía estatal y ministeriales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) irrumpieron en Chalchihuapan para apresar a 5 pobladores. Los elementos de seguridad rompieron puertas y ventanas, golpearon ancianos y mujeres, encañonaron y se llevaron semidesnudos a los detenidos.
La violencia excesiva del operativo que sucedió a las 4 de la madrugada, quedó asentada en las fotografías de las casas de los detenidos y las declaraciones de sus familiares.
Incluso, el abogado de los 5 pobladores, Vladimir Luna acusa que tres de ellos fueron detenidos por error, pues sus identidades no corresponden a las de los ciudadanos buscados por la PGJ.
Ante los hechos, la CDHEP no inició investigación alguna ni buscó a los pobladores.
En contraste, el ombudsman Adolfo López Badillo ha colaborado con el gobierno de Rafael Moreno Valle para vigilar las manifestaciones que desde el 9 de julio se han llevado a cabo en contra del mandatario estatal.
El gobierno ha pretextado la presencia de visitadores de la CDHEP con el argumento de garantizar que no haya violaciones de derechos humanos durante las movilizaciones; pero el organismo no ha realizado la misma vigilancia a los operativos del morenovallismo.