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Desde finales de 2011, la LVIII Legislatura aprobó una nueva Ley Orgánica para el Poder Legislativo que contempla la creación de tres nuevas áreas: la Contraloría, el Instituto de Estudios e Investigaciones Legislativas y Gestión Ciudadana, para lo que requerían al menos, 10 millones de pesos para echar andar la nueva estructura.
Sin embargo, pese al pasivo comportamiento de los legisladores y de la innegable cercanía con el gobernador Rafael Moreno Valle, los diputados poblanos fueron incapaces de hacer valer su propia Ley y terminarán su gestión violando los preceptos legales que ellos mismos se impusieron.
La LVIII Legislatura cargará sobre sus hombros sólo fracasos y exhibidas públicas. La Legislatura saliente se entregó en su totalidad a Moreno Valle; avaló cada una de las iniciativas enviadas por el mandatario sin discusión alguna; no han actuado como un equilibrio de poderes y por si fuera poco, privatizaron el sistema de agua potable y votaron para que el Congreso perdiera el control sobre las tarifas del agua.
A escasos meses de que abandonen el Palacio de Moriscos, los diputados no han hecho nada que los ayude a trascender y sus nombre se irán a los anales de la historia de la infamia en Puebla.