Durante escasos 30 minutos el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno en Puebla, Jorge Cruz Bermúdez, y el procurador del Estado, Víctor Carrancá, intentaron defender al gobierno de Rafael Moreno Valle de los señalamientos por la constante violación de garantías individuales ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quienes recriminaron la existencia de presos políticos, el Caso Chalchihuapan y el desalojo de estudiantes del zócalo capitalino.
Además de los cuestionamientos de los legisladores federales, los funcionarios morenovallistas, quienes acudieron en representación del gobernador de Puebla, se enfrentaron a un grupo de activistas que ingresó a la sesión con pancartas para exigir la liberación de los presos políticos en Puebla, y hasta fueron exhibidos por los propios legisladores federales por haber llevado acarreados afines al gobierno para llenar la sala de trabajo.
Cruz Bermúdez negó que en Puebla hubiera presos políticos y aseguró que"se mantiene en un clima de paz y defensa a los derechos humanos"; además de aseverar que "se cumplió en su totalidad la recomendación 2VG de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a excepción de la capacitación de policías estatales, ya que ésta se mantiene haciendo constantemente".
"No existen presos políticos, sino un procesamiento de delitos", insistió Bermúdez, quien también presumió ser una fuerza política distinta la del gobernador Rafael Moreno Valle, como señal de pluralidad del mandatario.
Por su parte, el titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, participó en escasos cinco minutos para asegurar que en el caso de los estudiantes detenidos del CUEP, no existía ninguna denuncia por lesiones, y además recalcó que "el gobierno de Puebla había llevado a cabo todos los convenios de colaboración necesarios" con las autoridades de la Ciudad de México para llevar a cabo la detención de Atl Rubén Sarabia Reyna, hijo del líder social "Simitrio".
Tanto la diputada perredista Roxana Luna Porquillo, como la integrante de MORENA, Loreta Ortiz, cuestionaron fuertemente al encargado de despacho de la SGG por la detención de los 134 presos políticos que suman ya desde que se inició el gobierno de Moreno Valle.
Además, se cuestionó sobre la violencia provocada por la Ley Bala que tuvo su punto mayor el 9 de julio de 2014 con la muerte del niño José Luis Tlehuatle en San Bernardino Chalchihuapan; la detención de los estudiantes del Colectivo Universitario de Educación Popular (CUEP); la persecución de presos políticos de la "28 de Octubre" y de la organización "Cholula Viva y Digna".
En toda la sesión el nieto de Elba Esther Gordillo, René Ricardo Fujiwara, fue el único legislador que aplaudió el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas asegurando que "no se podía hacer señalamientos sin pruebas".
Cholula Viva y Digna se manifiestan durante comparecencia
Mientras el encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Jorge Benito Cruz Bermúdez, presentaba sus argumentos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados activistas de la organización de Cholula Viva y Digna se manifestaron en contra del autoritarismo del gobernador, Rafael Moreno Valle, con mantas y pancartas.
Las pancartas contenían las leyendas de: “¡Libertad! ¡Presos Políticos, libertad!
Foto: Francisco Cañedo
Gobierno de Puebla lleva acarreados y porristas a la Cámara de Diputados
Empleados del gobierno del estado de Puebla llegaron a la comparecencia desde las 7 de la mañana para acreditarse y fueron transportados al menos en tres camiones al salón G del Palacio Legislativo de San Lázaro, accedieron a la sala alrededor de unos 70, mientras que 150 más se quedaron en el perímetro de la sede de la Cámara Baja.
El acarreo de funcionarios fue exhibido por el legislador perredista Roberto López Suárez, quien aprovechó su oportunidad para recalcar que el gobierno del estado rompía con el ánimo amistoso de la Comisión al traer gente a llenar la sala. Además, criticó que el mandatario poblano hubiera enviado al encargado de despacho pues consideró esto como un acto de desdén hacia la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
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