Activistas poblanos exigieron la creación de un Registro Nacional y Estatal de Violadores de Derechos Humanos para incluir a políticos con un oscuro pasado en el tema. Con ello, buscan impedir que personajes con un amplio historial de represión puedan ocupar cargos políticos en cualquier nivel de gobierno.
Lizeth Mejorada Barrios, consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), lamentó que un perfil como Ardelio Vargas haya fungido como subsecretario de Desarrollo Político.
Vargas Fosado fue nombrado subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación por el mandatario, Sergio Salomón Céspedes. Dicho nombramiento incomodó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Incluso, en su rueda de prensa mañanera, el mandatario mexicano exhortó al gobernador de Puebla a excluir de su gobierno a perfiles ajenos a la Cuarta Transformación, como el caso de Ardelio Vargas. Horas más tarde, el propio Sergio Salomón Céspedes anunció la renuncia del ex diputado federal al cargo en Gobernación estatal.
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Por ello, la activista insistió en que debe crearse el Registro Nacional de Violadores de Derechos Humanos, a fin de evitar que personas, que se han caracterizado por atropellar los derechos de la gente, lleguen a cargos públicos.
Aparte, el activista Gerardo Pérez Muñoz expuso que el Registro de Violadores a Derechos Humanos debería existir. Similar al logro del movimiento feminista con la llamada Ley 3 de 3, que impide a agresores y deudores alimentarios acceder a cargos públicos o de elección popular.
Aquí sería importante que se haga un registro nacional, no es posible que en un estado se pueda vetar a una persona violadora de derechos humanos o a un corrupto y aparezca en otro”.
Asimismo, subrayó que hubo impacto desde la designación de Ardelio Vargas como subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
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