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La organización World Justice Project (WJP) evidenció el autoritarismo, corrupción y estancamiento en justicia durante el último año de gobierno de Miguel Barbosa en Puebla.

Esta situación hizo que Sergio Salomón Céspedes heredara un estado ubicado en los últimos lugares del Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023.

De acuerdo con el estudio publicado, la entidad poblana ocupó la posición 27 dentro del ranking de adhesión al estado de derecho, con 0.38 puntos. Por lo que, se convirtió en el sexto estado con peor puntaje en dicha materia. Esto por encima de Morelos, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo.

Mientras que los primeros lugares se los llevó Querétaro, que logró un índice de 0.49 puntos; seguido de Guanajuato, con 0.48; y Aguascalientes y Yucatán, con 0.47 puntos.
En esta quinta edición se evaluaron ocho factores:

  • ‌Límites al poder gubernamental.
  • ‌Ausencia de corrupción.
  • ‌Gobierno abierto.
  • ‌Derechos fundamentales.
  • ‌Orden y seguridad.
  • ‌Cumplimiento regulatorio.
  • ‌Justicia civil.
  • ‌Justicia penal.

En seis de ellos, World Justice Project colocó a Puebla por debajo de la media nacional; esto durante el último año de gobierno de Miguel Barbosa.

Mientras que, en otros tres factores, Puebla se encuentra dentro de los últimos tres lugares en los rubros de límites del poder gubernamental, derechos fundamentales y justicia penal.

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WJP evidenció autoritarismo de Miguel Barbosa

El estado de derecho debe garantizar las limitaciones al poder, al fijar reglas para su ejercicio y establecer un sistema de equilibrios. Por lo que la división de poderes es necesario para limitar al poder.

Sin embargo, World Justice Project (WJP) evidenció que, en Puebla, el Poder Legislativo y Judicial estuvieron subordinados al exgobernador Miguel Barbosa en su último año de gobierno.

Esto al considerar que no fueron contrapesos efectivos para garantizar el estado de derecho. Además de detectar una nula sanción en contra de los burócratas que abusaron de sus funciones.

Asimismo, el Índice de Estado de Derecho en México reportó la falta de seguridad y justicia en el estado. Lo anterior por la carencia de garantías al debido proceso para las personas imputadas por un delito, así como la falta de libertad de expresión.

También, la organización señaló la ausencia de investigaciones prontas y expeditas en Puebla; un sistema penitenciario deficiente y la imparcialidad en la justicia.

Por lo que, el actual gobernador, Sergio Salomón Céspedes recibió un estado en el sótano del “estado de derecho”.

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