Ricardo Salinas Pliego, a través de TV Azteca, exigía al gobierno de Alejandro Armenta en Puebla a firmar contratos millonarios de proyectos de telecomunicaciones, publicidad y arrendamiento de equipos.
Al negarse el gobierno de Alejandro Armenta a otorgar contratos por un valor comercial de dos mil 350 millones de pesos, TV Azteca y su filial en Puebla iniciaron una campaña de desprestigio en 2025.
Según los documentos a los que tuvo acceso esta casa editorial. Revelan que estos servicios con alto costo servían como la moneda de cambio para frenar la línea editorial negativa en los medios.
Estos documentos, fechados en septiembre 2025, detallan una serie de “proyectos de interés” y “proyectos presentados” por empresas de Grupo Salinas ante diversas dependencias estatales.
El valor total de estos proyectos asciende a miles de millones de pesos, presentados bajo la premisa de servicios de infraestructura, seguros y tecnología.
La estructura financiera de las propuestas de Grupo Salinas (TV Azteca) ante el gobierno de Alejandro Armenta revela una concentración significativa de capital en pocos proyectos de alto impacto, operando como una red de servicios que abarca infraestructura tecnológica, seguros y digitalización.
El proyecto central de esta estrategia es la “Red Dorsal” presentada por TotalPlay. La cual contempla un monto de dos mil millones de pesos, según el documento.
Este proyecto, por su magnitud, representa el eje central de las aspiraciones económicas del conglomerado en la entidad.
Seguros Azteca y Omniprinter, parte de los proyectos millonarios que Grupo Salinas exige al gobierno de Alejandro Armenta
En el rubro de protección y aseguramiento, Seguros Azteca ha buscado colocar diversas pólizas patrimoniales y de vida para distintas dependencias de la administración pública.
Estos servicios suman un valor total de 140 millones de pesos, desglosados en 81 millones destinados a pólizas patrimoniales de patrullas. Así como 33 millones en pólizas patrimoniales generales y 26 millones asignados a seguros de vida para diversas áreas y el DIF.
Por su parte, Omniprinter ha mantenido una participación constante mediante soluciones de digitalización, gestoría documental y software especializado. Considerando tanto los proyectos presentados en la administración anterior como los de la gestión actual, la empresa ha propuesto contratos que ascienden a 200 millones de pesos.
Este monto se distribuye en 50 millones para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 30 millones para la Auditoría Superior. Así como 50 millones para el software de control de grúas y 70 millones destinados al sistema de corralones en la Secretaría de Movilidad.
Finalmente, se identifican otros costos operativos de menor escala, como el proyecto de “Internet en oficinas” —el cual figura como rechazado— con un valor de 10 millones de pesos.
En conjunto, estas propuestas de los diversos brazos comerciales de Salinas Pliego suman un total de dos mil 350 millones de pesos. Planteando un esquema de contratación que, bajo el contexto de una relación tensa, colocaría al gobierno estatal ante una compleja decisión presupuestaria.
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Ricardo Salinas Pliego y su vínculo con la política de México
Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México con una fortuna estimada en 12 mil 400 millones de dólares. Se ha consolidado como una de las figuras más influyentes y divisivas del país.
Conocido públicamente como “Tío Richi”. El fundador y presidente ejecutivo de Grupo Salinas ha construido un imperio bajo constantes controversias, vínculos políticos y una creciente presión legal y fiscal.
La trayectoria de Salinas Pliego dio un giro decisivo en 1993, cuando su consorcio Radio Televisora del Centro (RTC) adquirió la televisora estatal Imevisión (canales 7 y 13) durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Este proceso de privatización ha sido objeto de severos cuestionamientos. Informes sugieren que el empresario recibió un “préstamo” sospechoso de 29.7 millones de dólares por parte de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente, para concretar la compra.
Desde entonces, TV Azteca ha operado no solo como un activo financiero. Sino también como un brazo mediático que promueve posturas conservadoras y cuestiona a los gobiernos en turno, según se desprende de la información analizada.
A lo largo de las décadas, Grupo Salinas ha expandido sus operaciones, capitalizando la cercanía con las administraciones federales.
Por ejemplo, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las empresas del grupo obtuvieron contratos gubernamentales por al menos nueve mil 732 millones de pesos. Incluyendo publicidad oficial y contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para Grupo Dragón.
El conflicto de intereses ha sido una constante señalada. Un caso emblemático fue el de Ninfa Salinas Sada, quien, mientras presidía la Comisión de Medio Ambiente del Senado, votó a favor de las reformas energéticas que beneficiaron directamente a Grupo Dragón, empresa que ella misma presidía.
En años recientes, la situación del empresario se ha visto conflictuada por dos frentes principales:
- Deuda Fiscal: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene litigios contra el grupo por omisiones fiscales que ascienden a miles de millones de pesos, una deuda que ha continuado creciendo. La estrategia legal de la empresa ha consistido en prolongar los procesos, buscando inhabilitar jueces o magistrados bajo alegaciones de conflicto de interés.
- Conflictos con Inversionistas: En octubre de 2025, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil permitió que inversionistas extranjeros ejecutaran el cobro de una deuda de 580 millones de dólares que TV Azteca y Banco Azteca mantienen con ellos, tras años de medidas cautelares interpuestas por la empresa.
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