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A través de su socia, Rafael Z., el “Tirador de la Atlixcáyotl”, buscó emplear a Mario Marín Torres para conservar la prisión domiciliaria y abandonara “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.

“El Español” como conocían a Rafael Z. durante el marinismo, fue detenido por las autoridades durante un operativo que se registró la madrugada del martes 14 de julio de 2026.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, Rafael Z. es el presunto responsable de los ataques contra automovilistas.

Además, enfrentará acusaciones por tentativa de homicidio, daños en propiedad ajena y ataques peligrosos. Tras recibir a disparos a agentes ministeriales y soldados antes de ser detenido en su domicilio en el Fraccionamiento Santa Fe, en San Andrés Cholula.

Según avances de la investigación, el tirador de la Atlixcáyotl operaba desde una camioneta Creta Hyundai sin placas, desde donde disparaba a sus víctimas.

De acuerdo con datos del Registro de Propiedad Comercial (RPC), Rafael Z. es socio de al menos nueve empresas, todas ellas radicadas en Puebla.

Sin embargo, el “Tirador de la Atlixcáyotl” también fue uno de los contratistas favoritos de José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud de Puebla durante el sexenio del exgobernador Mario Marín Torres. El RPC detalló que las empresas en las que actualmente se mantiene como socio son:

  • Grupo Mexicano de Investigación Mas Desarrollo Mas Innovación, S.A. De C.V.  
  • Owl Health. 
  • Inmobiliaria Rajuan, S.A. De C.V.  
  • Detabio.  
  • Biotecnología del Siglo XXI, S.A. de C.V.  
  • Desarrollo Tecnológico de Ornamentales, Plantulas y Flores S.P.R. De R.L. de C.V.  
  • Grupo Mexicano de Investigación Mas Desarrollo Mas Innovación, S.A. de C.V.  
  • Inmobiliaria del Equipo Rojo, S.A. de C.V.  
  • PETROAADLAB. 

Estas empresas abarcan desde el ramo de la construcción hasta la venta de fármacos, desarrollo de biotecnología y laboratorios ambientales.

Asimismo, entre ellas comparte un círculo cerrado de socios. En los que aparecen Sergio Ruben Trejo Estrada, Rosalinda Cabrera Dolores, Angela Dolores Tolentino y los hijos de su primer matrimonio, Julen Zabalza Macias y Ander Zabalza Macias.

A través de estas empresas, Rafael N. se vio beneficiado con cuatro contratos durante el último año, firmados ante la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue).

De acuerdo con el Portal Nacional de Transparencia (PNT), la empresa PETROAADLAB fue adjudicada para elaborar un estudio de caracterización de aguas residuales de cuatro plantas de tratamiento. Las cuales se encuentran en Santa Rita Tlahuapan y San Matias Tlalancaleca.

El Ceaspue pagó cuatro contratos en total: tres contratos de 335 mil 948 pesos y uno más por 277 mil 742 pesos, que juntos, dan un total de un millón 285 mil 586 pesos.

“El Tirador de la Atlixcáyotl” ofreció trabajo a Mario Marín a través de Rosalinda Cabrera 

Rosalinda Cabrera Dolores es socia de el tirador de la Atlixcáyotl dentro de las empresas de Inmobiliaria Rajuan. Así como Desarrollo Tecnológico de Ornamentales, Plantulas y Flores y PETROAADLAB.

Sin embargo, a través de ella ofreció trabajo al exgobernador Mario Marín Torres por medio de la empresa Arrendadora Cado. Donde también es socia su hermana Adriana del Rocío Cabrera Dolores.

En agosto de 2023, el periodista Ernesto Aroche Aguilar publicó la estrategia de la defensa de Mario Marín para poder abandonar el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en Almoloya.

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Esta consistía en presentar que el exmandatario contaba con arraigo, al contar con un trabajo que podría desempeñar desde su hogar.

Ahí es donde entró Arrendadora Cado, empresa que ofreció al expriista un salario de 30 mil pesos y un contrato de cinco años por la prestación de sus servicios. Además, dicha documentación fue notariada por su cercano excolaborador Valentín Meneses Rojas.

El exgobernador abandonó la cárcel un año después de presentada esta documentación. Sin embargo, en abril de 2025 regresó a prisión para continuar su proceso por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho. 

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