El gobierno del estado de Puebla rechazó que exista un daño patrimonial tras las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Lo anterior se refiere a un monto de hasta 497 millones de pesos por proyectos integrales ejecutados durante 2024.
De acuerdo con el segundo informe de la Cuenta Pública 2023 de la ASF, la administración gubernamental recibió observaciones por dos contratos.
Ambos contratos derivan del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef). Uno de ellos corresponde al proyecto de rehabilitación del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez (Cereso). En este, el gobierno estatal destinó 120 millones de pesos.
El segundo se refiere a la rehabilitación y ampliación del Centro de Reinserción Social de Puebla capital, donde se invirtieron 369 millones de pesos.
Además, la ASF emitió un pliego de observación por siete millones de pesos al gobierno de Puebla en la auditoría al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
La administración de Sergio Salomón Céspedes detalló que el órgano fiscalizador cuestionó el monto total de los contratos. Esto debido a la falta de croquis, así como de reportes fotográficos de “la corrección de algunas deficiencias” detectadas en el proceso constructivo.
Sin embargo, el Estado, a través de la Secretaría de la Función Pública, sostuvo que una observación no puede considerarse como un tipo de daño patrimonial. Esto debido a que es simplemente una solicitud de aclaración por parte de la ASF para evitar incurrir en irregularidades, según la ley.
Una observación NO (puede), de ninguna forma, considerarse como algún tipo de daño al erario público ni mucho menos; sino simplemente, (es) algo que la autoridad auditora pide sea clarificado”.
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Gobierno estatal cuenta con lo necesario para aclarar
En el desplegado difundido por la Secretaría de la Función Pública, la dependencia asegura que cuenta con la información y documentación necesarias para aclarar y justificar el monto observado.
Todo esto se presentará dentro de los 30 días que establece la ley para atender el llamado por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
La dependencia del gobierno estatal insistirá en la aclaratoria dentro del marco del proceso de respuesta “en cumplimiento a lo que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas federal”, expuso.
Finalmente, señaló que las observaciones al trabajo del gobierno reflejan la dinámica del Estado. Pues en solo dos años ha realizado “más de lo que normalmente se haría en un sexenio completo”.
Tenemos certeza de que cumpliremos con el deber de solventar toda observación en los términos que marca la ley”
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