El Gobierno de Puebla generó un probable daño patrimonial en 2022, por 12 millones 974 mil pesos, según detectó la Auditoría Superior Federación (ASF). Además, pidió aclarar el uso de 358 millones 405 mil pesos.
De acuerdo con su segundo informe de la cuenta pública del año pasado, se observan las irregularidades antes referidas correspondientes a la gestión del exgobernador, Miguel Barbosa Huerta.
En los dos casos se señaló un mal ejercicio por parte del Gobierno de Puebla de los recursos públicos en 2022, en temas como la mejora de viviendas, según la ASF.
La administración generó un probable daño patrimonial por 211 mil 579 pesos por pagar cinco acciones de un proyecto sin evidencias de sus modificaciones. Los cuales eran parte del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
También provocó un probable daño patrimonial de 12 millones 401 mil 319 pesos por pagar 19 mil 924 acciones de programas de vivienda y servicios básicos. Y no se comprobó que el proveedor cumpliera con todo su trabajo.
La ASF de igual forma detectó un probable daño patrimonial por 361 mil 331 pesos en el uso del dinero del Fondo de Infraestructura Social para acciones que no están contempladas en las reglas de operación.
ASF pide aclarar el uso de 64.7 mdp
En su informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al Gobierno de Puebla aclarar el uso de 64 millones 746 mil 445 pesos que eran parte del Fondo de Infraestructura.
Con este dinero la administración pagó el contrato DABS/GESAL-178-361/SB/202/2022 que era para mejorar viviendas, pero no se acreditó el cumplimiento de las normas.
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Lo mismo ocurrió, pero con un monto de 222 millones 194 mil 512 pesos. La gestión estatal destinó este monto para pagar el contrato DABS/GESAL-179-362/SB/200/2022 que era para mejorar casas.
La ASF también solicitó aclarar el uso de 71 millones 464 mil 96 pesos que se usaron para pagar el contrato DABS/GESAL-223-286/SB/238/2022. El dinero debió ser usado para intervenir hogares en 2022.
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