Puebla se colocó en cuarto lugar a nivel nacional, con la mayor cantidad de muertes fetales durante el 2023, al registrar un caso cada 6.9 horas.
Así lo evidenciaron los datos presentados por el reporte de defunciones fetales elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En 2023, en México ocurrieron 23 mil 541 muertes fetales, lo que corresponde a una tasa nacional de 67.5 fallecimientos por cada 100 mil mujeres en edad fértil.
Dichas cifras evidencian que la incidencia en promedio a nivel nacional es de un caso cada 22.3 minutos en ese año.
De acuerdo con las estadísticas, del total de muertes fetales, el 81.7 por ciento ocurrió antes del parto. El 17.2 por ciento durante el parto; y el resto, el 1.1 por ciento, no se especificó el momento de la muerte del neonato.
De los últimos cinco años, el 2023 es el que registró la tasa más alta de muertes fetales en comparación con cada mil recién nacidos vivos.
El Estado de México reportó la más alta incidencia de muertes fetales, al reportar un total de cuatro mil 302 casos. En segundo lugar, se ubicó la Ciudad de México, con dos mil 202 muertes fetales; y en tercer lugar Jalisco, con mil 381 casos.
Mientras que Puebla ocupó la cuarta posición al registrar mil 268 muertes fetales durante el 2023. Lo que representó un promedio de una muerte fetal cada 6.9 horas.
Proponen en Puebla licencia por duelo ante una muerte fetal
Ante el alto índice de muertes fetales en Puebla, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Celia Bonaga Ruiz, presentó una iniciativa respecto al tema.
La propuesta busca que las madres que pierdan a sus bebés antes, durante o después del parto, cuenten con una licencia por duelo.
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La legisladora refirió que la mayoría de estos desenlaces podrían evitarse con una atención de calidad durante el embarazo y el parto.
Celia Bonaga argumentó en la presentación de su iniciativa que las muertes fetales producen grandes estragos económicos y psicológicos en las familias.
Por lo que con esta reforma se propone otorgar a las madres que hayan perdido a sus bebés una incapacidad de seis semanas antes de la fecha programada para el parto. Y otras ocho semanas después del mismo.
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