La madre de Paulina Camargo, desaparecida el 25 de agosto del 2015 en Puebla, acusó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha avanzado en las investigaciones del caso. Y negó tener contacto con el fiscal general, Gilberto Higuera Bernal.
Luego de que el pasado jueves, el fiscal general declaró tener una deuda por el caso de la joven, Rocío Limón dijo que ella junto a su familia, son los que continúan los trabajos de búsqueda de su hija.
La madre de Paulina Camargo, rechazó las declaraciones de Gilberto Higuera Bernal, pues dijo que solo en una ocasión fue recibida por el fiscal. Esto después de que fuera designado como titular de la FGE en septiembre del 2018.
La Fiscalía no está en deuda, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, la Fiscalía nos tiene que dar respuesta, para nosotros, lo que es importante es que nos reciba el fiscal general, no nos ha recibido más que una vez desde que está en ese cargo”.
Rocío Limón mencionó que, en dicha reunión, Higuera Bernal no le dio ningún avance del caso de la desaparición de Paulina. Por ello, exigió a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos ocurridos hace ya ocho años.
Estas declaraciones se dieron durante una caravana con la que, a ocho años de la desaparición de Paulina Camargo, familiares, amigos y activistas, salieron a las calles para exigir justicia por el caso.
Rocío Limón pide revisión de la Ley de Búsqueda de Personas
Por otra parte, Rocío Limón, madre de Paulina Camargo, pidió a los diputados de Puebla hacer una revisión de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado.
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Al llegar al Congreso de Puebla, leyó un pliego petitorio en el que solicitó el fortalecimiento de la Ley de Búsqueda. Y urgió hacer una revisión y actualización de la legislación en la materia.
Expresó que esta revisión y actualización deberá incluir enfoques de género que garanticen la búsqueda efectiva de mujeres desaparecidas.
También, Rocío Limón priorizó hacer una revisión de las investigaciones y sanciones de los responsables de desaparición forzada en el estado. Y propuso la implementación de sentencias más severas.
Finalmente, pidió la creación de una comisión especial en el Congreso del Estado. Que tendría que estar integrada por legisladores locales, así como representantes de la sociedad y expertos en perspectiva de género.
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