El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes admitió que el senador Ricardo Monreal comentó con él sobre el caso de Guillermo Aréchiga Santamaría, el exsecretario de Movilidad y Transporte, que se mantenía en prisión a pesar de haber ganado un recurso antes las autoridades federales.
Al respecto, el mandatario estatal señaló que el día 3 de marzo, durante la reunión con el senador hubo un comentario sobre la situación legal del exfuncionario del fallecido gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
Céspedes Peregrina indicó que a pesar del comentario con Monreal Ávila sobre Aréchiga Santamaría, existe una división de poderes y tiene que ser respetuoso del Poder Judicial de Puebla.
Durante la rueda de prensa de esta mañana, el gobernador solicitó al titular de la Consejería Jurídica, Jonathan Ávalos, explicar los términos legales de la salida del exfuncionario de Barbosa.
A decir del consejero jurídico, desde el 23 de febrero del 2023, Guillermo Aréchiga contaba con un recurso legal que le permitía gozar de una revisión de la prisión preventiva que le planteó el juez.
El día 2 de marzo se citó a una audiencia con el juez de control para evaluar de nuevo la condición de la prisión preventiva.
En esta audiencia, el juez analizó un plan de condiciones que permite al imputado gozar de este beneficio. Tendrá que cumplir siete meses bajo estas nuevas condiciones y definir después que sigan su rumbo legal“, comentó Jonathan Ávalos.
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El 3 de marzo, PÁGINA NEGRA dio a conocer la salida del exfuncionario del penal de San Miguel, después de que se le acusara por una serie de supuestas irregularidades y entrega de concesiones de manera ilegal.
Aréchiga llevaba ya un año en prisión. Su detención ocurrió el 28 de febrero del 2022 a las 22:00 horas por parte de agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que lo capturaron en la carretera federal Atlixco-Izúcar de Matamoros, a la altura del municipio de Atlixco.
Debido a esa supuesta fuga fue que un juez de control definió la situación con prisión preventiva. Versiones extraoficiales señalaron que investigaron a Aréchiga Santamaría por operar el programa de monitoreo de las unidades del transporte público en tiempo real con 21 empresas. De ellas, 13 son empresas fantasmas y, presuntamente, estaban vinculadas a uno de sus hijos.
Por esa razón, nunca funcionaron los botones de pánico ni las videocámaras instaladas en las unidades de transporte. Así lo reveló la actual titular de la dependencia, Elsa Bracamonte González.
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