El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, reveló la mañana de este 13 de octubre que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) organismo federal dedicado a la investigación de riesgos y análisis de temas de seguridad. Jamás ha compartido información durante esta administración.
Molesto, el gobernador del estado de Puebla admitió que desde el área que se realiza la Inteligencia Federal se ha ignorado a las autoridades poblanas. En la colaboración y entrega de información para la atención de temas de seguridad.
Entre las filtraciones hechas por el grupo Guacamaya Leaks. Hoy el Sol de Puebla publicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó cuatro empresas presuntamente dedicadas a ingresar ciudadanos colombianos y venezolanos al país.
Según los documentos el ingreso de los ciudadanos extranjeros ha sido para generar redes delictivas. La cuales se dedican al narcomenudeo, el cobro de piso a negocios y hasta extorsión de los llamados créditos “Gota a gota”. Estos hechos eran conocidos por la Inteligencia Federal.
Los ciudadanos de Venezuela y Colombia se han establecido en Puebla, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, Tehuacán, Tecamachalco, Zinacatepec, Ajalpan, Altepexi, Teziutlán, Ahuateno, Chignautla, Atempan, Yaonáhuac e Izúcar de Matamoros, para supuestamente cometer delitos.
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Las empresas mencionadas en los documentos son Enterprise Magazine Model, KDC Puebla, Servidugi y Seguridad Privada Empresarial de León.
“Si el gobierno del estado hubiera tenido esos archivos hubiéramos detenido a esos delincuentes. He ordenado en la mañana la investigación de empresas que integran. (…) El gobierno del estado no ha recibido aportaciones de inteligencia del CNI nada. Si eso es auténtico como información de inteligencia militar no lo conocíamos nosotros. Los hubiéramos detenido pero no sabía nada de eso. Nada. Si hubiera sabido a todos los hubieramos detenido”, aseguró Barbosa.
Créditos gota a gota llegaron en 2016 a Puebla
De acuerdo a información publicada por PÁGINA NEGRA obtenida de Inteligencia Federal, la red que opera en Puebla es la misma que proviene de la Ciudad de México. La cual comenzó a operar desde 2016 y se ha extendido hasta otros lugares del país como Quintana Roo.
En el 2016 la Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Jalisco y Puebla deportaron a 100 colombianos. Después de ser detenidos acusados de despojo, amenaza y extorsión.
Las detenciones ocurren, en su mayoría, cuando acuden a cobrar los intereses y entonces son acusados de amenazar y alterar el orden público.
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