La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla únicamente cuenta con 16 abogados traductores certificados en el estado para atender a víctimas hablantes de náhuatl y otras lenguas indígenas.
Así lo confirmó la titular de la institución, Idamis Pastor Betancourt, tras destacar que siete se unieron durante este 2025 tras un proceso de contratación.
En toda la Fiscalía contamos con 16 traductores de los cuales siete fueron contratados este año”.
Sobre el número de Fiscalías Especializadas que tiene el territorio poblano, mencionó que son 11, las cuales se encargan de investigar y perseguir delitos específicos que requieren de una atención y conocimiento especializado.
Pastor Betancourt expuso que las convocatorias para contratar traductores de náhuatl certificados que lanza la Fiscalía de Puebla no alcanzan los resultados deseados.
La fiscal general mencionó que la se publicó este 2025, sólo recibió siete solicitudes de empleo de especialistas, que posteriormente se integraron a un equipo conformado por nueve auxiliares.
Desafortunadamente nada más siete abogados fueron los que se inscribieron y a los que se les contrató en este año para que formaran parte de la Fiscalía”.
Es importante mencionar que Puebla cuenta con al menos 615 mil 622 personas hablantes de hasta 55 lenguas indígenas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), la mayoría de los hablantes son mujeres y el idioma que predomina es el náhuatl.
Además, debido a la cantidad de personas que aún conservan estas lenguas madre, Puebla ocupa el cuarto lugar nacional con más hablantes.
Solo por debajo de otras entidades como Chiapas, con 714 mil 600; Oaxaca, con 575 mil 144; y Veracruz, con 319 mil 831.
Gobierno de Puebla pide a Fiscalía atender falta de traductores certificados de náhuatl y otras lenguas indígenas
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, solicitó a la Fiscalía General del Estado atender la falta de traductores certificados de las diversas lenguas indígenas en sus sedes regionales.
Lo anterior, luego de la denuncia del Movimiento Organizado de Mujeres Serranas que evidenció la falta de un especialista en Huauchinango.
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Dicha situación ocasionó que una menor de edad no pudiera levantar su denuncia tras haber sido víctima de una presunta violación.
Por su parte, el mandatario instruyó al Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas contratar más abogados indígenas para apoyar en este tipo de situaciones.
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