La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió las irregularidades con las que operó el programa La Escuela es Nuestra, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en Puebla registró anomalías por al menos un millón 700 mil pesos en 2020.
La falta de controles internos, de vigilancia, e incluso los posibles actos de corrupción de los facilitadores autorizados –avalados por el Gobierno Federal— provocaron una deficiente intervención de la infraestructura en las escuelas y un manejo poco claro de los recursos.
En octubre de 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presentó el programa La Escuela es Nuestra, cuyo objetivo es dejar en manos de los comités de padres de familia, directivos y alumnos el ejercicio de recursos para mejorar las condiciones de los planteles, con lo que los beneficiarios reciben los recursos de forma directa para efectuar la intervención.
El informe de fiscalización de la ASF detalla que, durante la auditoría se identificó que cuatro planteles de Puebla del programa La Escuela es Nuestra, recibieron recursos por un millón 700 mil pesos para obras mayores, y que para la ejecución y supervisión el facilitador autorizado obligó al comité a contratar una arquitecta, ambos recibieron los recursos con los que se ejecutarían los trabajos.
Como resultado, se encontraron pagos indebidos y también trabajos deficientes, ya que las aulas presentan filtraciones de agua, hay fisuras en los muros y el impermeabilizante aplicado se está desprendiendo.
Además de las anomalías generales que se registraron en varios estados, en el caso de Puebla se detectó que la tesorera de un comité usó 82 mil pesos para gastos personales, recursos que no había devuelto hasta antes de la auditoría aplicada, aunado a que los facilitadores tampoco reportaron este incidente.
Esta es sólo una de las irregularidades encontradas en los programas federales como La Escuela es Nuestra, pues el año pasado, cuando se dio a conocer el informe de fiscalización de la cuenta pública 2019, la ASF alertó que desde la Secretaría de Bienestar se pagaron más de 204 millones de pesos a adultos mayores que no existen.
Recursos de La Escuela es Nuestra se quedan en manos de unos cuantos
La ASF detectó que en cuatro planteles del estado de Puebla se recibieron apoyos que suman un millón 700 mil pesos, y como parte de las acciones se realizaron obras mayores. Para éstas, el denominado Comité Escolar de Administración Participativa integrado para los trabajos, contrató a una arquitecta, quien fue impuesta por el facilitador bajo la amenaza de cancelar los recursos.
Según los testimonios recabados por la ASF, los comités de las escuelas tuvieron que entregar todos los recursos a la arquitecta y al facilitador autorizado, pues ella se encargaría de realizar las compras y gastos necesarios para los trabajos.
Sin embargo, a los comités sólo les entregaron comprobantes y no había prueba de que los materiales adquiridos se usaran para su obra, pues la misma arquitecta extrajo el material de construcción sobrante, bajo el argumento de que lo compró al mayoreo para reducir costos e intervenir otras escuelas.
En el análisis que la ASF hizo de los comprobantes de compras y gastos entregados por la arquitecta, se identificó que las listas en la que se señala el pago de mano de obra, carecen de las firmas de los trabajadores y en los pagos se detectó uno para ella y otro familiar por 67 mil pesos y 29 mil pesos, respectivamente, mientras que los pagos de los trabajadores fueron menores que los informados.
“Adicionalmente, en las visitas, tres de los cuatro CEAP (Comité Escolar de Administración Participativa) indicaron que los trabajos realizados por la multicitada arquitecta no se encuentran en óptimas condiciones ya que las aulas en las que realizó trabajos presentan filtraciones de agua que están dañando la pintura, y además se visualizan fisuras en los muros y desprendimiento del impermeabilizante que fue aplicado en los techos”.
Además de estas irregularidades, no se solventaron recursos por 82 mil pesos que la tesorera de uno de los comités en otra escuela, usó para gastos personales y que no repuso al menos hasta antes que concluyera la auditoría.
Aunque en su momento la presidenta del comité hizo el reporte, el facilitador autorizado para dar seguimiento no lo informó, por esta razón no se realizaron las acciones pertinentes para recuperar el dinero y, por tanto, cumplir completamente con las metas del programa La Escuela es Nuestra.
No hay condiciones para reportar irregularidades del programa La Escuela es Nuestra
Para la ASF, las irregularidades no pudieron atenderse en su momento porque no hay condiciones para reportarlas y dependencias como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Bienestar no están facultadas para modificar la operación del programa, así como establecer mecanismos para informar las incidencias.
Las mismas reglas de operación de La Escuela es Nuestra en 2020 indican que el programa buscaba fortalecer la organización de comunidades escolares a través de los comités y, con esto, lograr que el presupuesto rinda más. Pero no se otorga un acompañamiento y asesoramiento de las autoridades.
Ante las irregularidades detectadas, la ASF informó que se mantendrán las investigaciones para esclarecer los hechos y se determinen responsabilidades administrativas, si es que las hubo, para que se sancione a los funcionarios públicos involucrados de dar seguimiento y acompañamiento al programa.
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