Gilberto Higuera Bernal, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguró que sus subordinados deben entender que la atención a víctimas del delito es un trabajo de 24 horas.
La respuesta del fiscal Gilberto Higuera Bernal ocurre después de que una serie de agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género en Puebla acusaron que sufren terrorismo laboral.
La situación se acrecentó con la nueva titular Margarita Garcidueñas Cuellar, nombrada en enero pasado.
Sin embargo el titular de la FGE insistió en que los trabajadores de la dependencia deben pensar menos como burócratas.
Las fiscalías son instituciones que investigan y persiguen delitos. No tienen horario. Trabajan las 24 horas del día. De todos los días del año. En las Fiscalías no cabe la democracia. Estamos para servir a los ciudadanos para atenderlos en cualquier hora a cualquier día. Para tener investigaciones exhaustivas, inmediatas que no tengan ninguna interrupción, como dice la ley”.
El funcionario público insistió en que tanto él como todos los trabajadores de la FGE deben de “entender que esta es la tarea, que esto es lo que demanda la profesión”.
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Y que además “están para servir y no están para preocuparse por situaciones de horarios que en muchos casos no están sujetos como la democracia a los tiempos, si no a las necesidades de los servicios de procuración de justicia”.
No podemos pensar en las Fiscalías como burócratas. Nuestra misión, el centro de nuestra atención debe de estar en la atención a las víctimas de los delitos”.
Como PÁGINA NEGRA informó, el pasado 8 de enero el Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal hizo público el nombramiento de la funcionaria e inmediatamente vinieron críticas de sus ex colaboradores.
Además de instituciones y asociaciones civiles como la Ibero Puebla y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Sin embargo, desde hace semanas, los funcionarios han comenzado a resentir el método de trabajo de Margarita Garcidueñas. Debido a que privilegia la explotación de los agentes del ministerio público.
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