Guillermo A., y Yassir V., también desaparecieron más de 16 millones de pesos correspondientes al cobro de multas a los taxis piratas y en los operativos del transporte público, cuando ambos fueron secretario y subsecretario de Movilidad y Transporte, revelaron a CENTRAL fuentes al interior del gobierno del estado.
Por medio de operativos en contra unidades del transporte y taxis piratas de distintos municipios del estado, la Dirección de Inspección y Vigilancia de la SMT, interpuso 400 infracciones, de las que no existe garantía sobre su pago.
Las fuentes consultadas informaron que cada multa tenía un valor que rondaba en los 40 mil pesos, al ser 400 las infracciones emitidas, el daño patrimonial podría ascender a los 16 millones de pesos.
Durante los operativos, la Dirección de Inspección y Vigilancia, a cargo de Eduardo Vergara López, retiraba la placa o el vehículo a las personas que eran sorprendidas con una unidad pirata a manera de garantía por el pago de la sanción, que podía llegar hasta los 43 mil 440 pesos.
Sin embargo, en los registros de la secretaría no existen garantías, lo que significa que fueron liberados de manera discrecional.
El tema no ha sido abordado por la actual titular de la SMT, Elsa Bracamonte González, misma que está destapando los desfalcos en la secretaría por medio del programa de Conectividad creado para evitar los asaltos en los microbuses.
En 2020, se modificó el reglamento interior de la SMT para elevar el costo de las multas
Las multas sin aparecer, están relacionadas a los operativos que el propio Yassir V., anunció y que dijo, tenían como objetivo terminar con el pirataje.
Incluso, el reglamento interior de la dependencia sufrió en 2020, una modificación en el apartado de cobros por infracciones en los artículos 80, 116 y 103, pues se estipularon sanciones mínimas de 39 mil pesos y máximas de 43 mil 440 pesos.
Yassir V. declaró en dicho momento que, antes de la modificación, la multa era de sólo 8 mil 500 pesos y si se cubría en los primeros cinco días hábiles, los responsables pagaban únicamente el 50% de la sanción.
Lo anterior, indicó, facilitaba la recuperación de los vehículos a los operadores piratas, quienes de manera inmediata regresaban a las calles a trabajar de manera ilegal.
“El objetivo es pegarle al bolsillo de ellos, para que verdaderamente piensen aquellos que están tratando de dar ese servicio de manera ilegal que va a ir en costo de su economía y de la economía familiar”.
Detalló que tan solo entre enero y noviembre de 2020, se habían infraccionado a mil 166 operadores de unidades pirata y detenido a 13, pues se determinó que merecían pena corporal por conducir un transporte ilegal.
Hasta el momento, se desconoce la cifra total del desfalco dentro de la SMT y por el que denunciaron al ex titular, Guillermo A., quien fue detenido el pasado 28 de febrero, cuando circulaba por la Carretera Federal Atlixco- Izúcar de Matamoros.
El mandatario poblano, Miguel Barbosa Huerta declaró el pasado 1 de marzo que fue el gobierno estatal, el que le imputó al exservidor público, una denuncia por la comisión de diversas irregularidades en la secretaría.
El principal fraude detectado fue en contra de los concesionarios del transporte público, que cumplieron con el programa que consistía en conectar sus unidades al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), así como dotarlas de cámaras de videovigilancia y botones de pánico, con el propósito de inhibir los asaltos y obtener una respuesta inmediata por parte de las autoridades.
¿Cómo se cometió el fraude de las multas?
Las unidades nunca se conectaron al C5, pues de las empresas contratadas para realizar dicha labor 13 eran fantasma y siete más estaban vinculadas al hijo del exfuncionario estatal Guillermo N.
CENTRAL publicó que fueron Memo A., quien lleva el mismo nombre del exsecretario de Movilidad y Transporte en complicidad con el ex subsecretario de Transporte, Yassir V.,—exalcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas— quienes operaron el fraude a los concesionarios, pero además hasta el momento no hay noción sobre el monto de la estafa.
Según las fuentes, Memo A. y Yassir V., pedían a los concesionarios que pagarán directamente a las 21 empresas un monto para que sus unidades fueran conectadas al C5. Con el fin de instalar los botones de pánico y las cámaras de videovigilancia. De esta forma el fraude fue directamente a los dueños de las concesiones, dejando fuera de cualquier tipo de operación al gobierno del estado.
Es preciso destacar que el exsecretario Guillermo N., fue enviado a prisión Preventiva al penal de San Miguel tras su audiencia inicial ante el juez de control.
La audiencia se realizó el pasado 4 de marzo ante el juez de control y se espera a que próximamente se realice la audiencia de vinculación. Mientras tanto se solicitó la prisión preventiva necesaria, ya que hubo indicios de que el exfuncionario planeaba salir del estado para evadirse de las autoridades.
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