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La iniciativa que tipifica como delito la violencia ácida en Puebla —como se le conoce a los ataques contra las mujeres con sustancias corrosivas— podría aprobarse en febrero del 2023 en el Congreso del Estado.

La diputada del PAN, Aurora Sierra Rodríguez, indicó que solo restaba homologar las cuatro iniciativas que fueron presentadas en lo individual. Precisó que la propuesta de su compañera Mónica Rodríguez Della Vecchia, incluía cosas “contrarias” a las necesidades externadas por las colectivas. Habiendo solucionado esto, “no hay ninguna contradicción” para su discusión.

En entrevista, destacó que la reforma homologada no ha sido discutida en comisiones por otros temas urgentes que tuvo el Legislativo durante este mes. Tal como las Leyes de Ingresos y el fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta.

Por ello, consideró que, a principios del próximo año, la tipificación de la violencia ácida en Puebla será votada en comisiones y en el Pleno.

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Yo estaré esperando que, para enero, a más tardar febrero, y no por falta de voluntad de las y los diputados, sino más bien por el tema procedimental”.

Aurora Sierra aseguró que el Congreso del Estado ha dado pasos importantes contra la violencia hacia las mujeres y que prueba de ellos fue la reforma para dar hasta 40 años de prisión por el delito de sumisión química, aprobada el 20 de diciembre.

Confió que el nuevo presidente del Legislativo, Eduardo Castillo López, tendrá la voluntad de avanzar contra la violencia de género en 2023, discutiendo las iniciativas rezagadas en la materia.

Agresiones con ácido recibirían hasta 30 años de cárcel

La reforma conjunta sobre la violencia ácida en Puebla propone que este delito se catalogue como tentativa de feminicidio y no como una agravante de agresión física. Por lo que la pena podría alcanzar los 30 años de prisión.

Colectivas indicaron al Poder Legislativo que debían incluir otras modificaciones. Entre ellas, como ampliar la reparación del daño y que el gobierno estatal ayude de manera gratuita en las cirugías que requieran las sobrevivientes.

El 10 de noviembre, la saxofonista María Elena Ríos exigió al Congreso del Estado dar celeridad a esta aprobación para que no haya más impunidad.

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