En un periodo de cinco años, se han acumulado siete amparos contra el Congreso de Puebla por omisión legislativa, al no homologar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, a 19 años de su promulgación.
Este martes, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dio respuesta al oficio de un juzgado. Luego de que se otorgó un amparo a favor del ciudadano, Antonio Pérez Hernández contra el Poder Legislativo.
Y es que, el quejoso acusó a la presidenta de la Comisión, Mónica Silva Ruíz, por supuesta omisión al no promulgar la Ley de Responsabilidad Patrimonial en la entidad poblana, por lo que se exigió al Congreso Local avanzar con ello.
El denunciante resaltó que en la reforma al Poder Judicial tampoco fincaron responsabilidades claras. Pese a que dichas modificaciones plantean procedimientos contra magistrados y jueces que comentan conflictos de intereses.
El jurídico informó que suman siete amparos por omisión legislativa contra el Congreso de Puebla, que se remontan a las últimas tres legislaturas, desde el 2017. Explicó que, en el último procedimiento, se pidió la destitución de Mónica Silva como presidenta.
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El Legislativo dirá en respuesta que se está avanzando en el tema y que muestra de ello era la sesión que llevaban a cabo. Sin embargo, ninguno de los diputados locales adelantó si discutirán la Ley de Responsabilidades Administrativas que se está exigiendo.
El coordinador de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, agregó que tampoco era procedente la destitución de Mónica Silva. Debido a que el Congreso de Puebla es un cuerpo colegiado donde todos los integrantes tienen parte en las decisiones.
La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial fue promulgada desde el 2004. Pese a esto, los Congresos locales se resisten a su armonización. Hidalgo fue uno de los últimos estados que aprobó su homologación, en julio del 2022.
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