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El diputado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Castillo López presentó una iniciativa en el Congreso local para castigar con hasta seis años de prisión a quienes extorsionen para obtener packs en Puebla, lo que se constituye como una modalidad de hostigamiento sexual.

El representante del distrito 23 de Acatlán de Osorio propuso adicionar un párrafo al artículo 225 del Código Penal, el cual establece el tipo de conductas que constituyen una violación a la intimidad sexual.

Se agregaría como un modo de hostigamiento todo intento por obtener contenido erótico de una persona, mediante amenazas o chantaje, quedando de la siguiente manera:

A quien acose, hostigue y amenace a su víctima para obtener material de contenido erótico sexual y que por cualquier medio ya sea impreso, grabado o digital, lo reproduzca sin consentimiento, vulnerando la integridad física y mental de la víctima”.

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También se obliga a las autoridades competentes a realizar una investigación inmediata, en cuanto las victimas denuncien la extorsión para obtener packs en Puebla.

Por dicha conducta habría una sanción de tres a seis años de prisión, así como una multa mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de 96 mil 220 a 192 mil 440 pesos, como actualmente establece el Código.

La iniciativa de Castillo López fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

Reforma amplía la Ley Olimpia

En los considerandos del dictamen, Castillo López mencionó que se trata de una ampliación a la Ley Olimpia, como se conoce a las reformas que castigan la pornovenganza y difusión de contenido intimo en las redes sociales, aprobada en Puebla el 10 de diciembre de 2018.

De esa forma, mencionó que aunque ya se ha legislado para erradicar delitos el hostigamiento sexual y la distribución no consensuada de “packs” en Puebla, es necesario seguir ampliando las reformas para “poder garantizar que se pueda mitigar aún más”.

Tanto en el espacio laboral, docente, doméstico, digital o de cualquier índole, es de vital importancia evitar este tipo de delitos ya que laceran el tejido social, y afectan psicológicamente a las personas afectadas, de tal manera que se convierte en prioridad poder legislar en beneficio de la sociedad”.

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