El diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio López Ruíz, propuso en el Congreso del Estado castigar con hasta 13 años de prisión, a quienes difundan en redes sociales algún material audiovisual que este relacionado con investigaciones en Puebla. Ya que esto afecta al debido proceso.
En el dictamen, el legislador destacó que es importante adoptar nuevos instrumentos para combatir los factores que vulneran a las víctimas y a la presunción de inocencia en el sistema penal.
Subrayó que debe privilegiarse la protección de sus datos personales, como sus nombres, edades, identificaciones, fotografías, sin importar su condición legal. Sobretodo, cuando las víctimas sean menores de edad y por delitos de trata, violación o secuestro.
Y es que, siguen siendo vulnerados con la filtración de contenido audiovisual. Tal es el caso de Ingrid Escamilla, una joven asesinada por su pareja en 2020, y cuyas fotos del crimen se difundieron en redes sociales y medios de comunicación.
Por ello, Toño López propuso una reforma al artículo 421 del Código Penal. Para agregar como delito la grabación y difusión de material que este relacionado con investigaciones en Puebla.
A quien en el ejercicio de sus funciones, por cualquier medio y fuera de los supuestos previstos por la Ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, fotografía, audio o video, relacionado con una investigación penal”, señala la modificación.
Actualmente, el artículo 424 plantea una pena de cuatro a 10 años y una multa de mil a dos Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de 96 mil 220 a 192 mil 440 pesos.
MANTENTE AL DÍA CON TODO LO ÚLTIMO EN NUESTRO CANAL DE TELEGRAM
La propuesta de Toño López busca que estas sanciones aumenten hasta en una tercera parte. Es decir, de cinco años tres meses a 13 años tres meses, cuando:
imagen, fotografía, audio o video que se difunda sea de mujeres, niñas, niños o adolescentes o de personas con discapacidad”.
Esta modificación es idéntica a la Ley Ingrid, que castiga la difusión del contenido relacionado al cuerpo de una víctima.
La iniciativa se turno a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
Te puede interesar:
dando clic en el periódico