La diputada del Partido Acción Nacional, Patricia Valencia Ávila presentó una iniciativa en el Congreso local para que los abogados de oficio tomen capacitaciones obligatorias en materia de género y así atender de manera correcta los casos de violencia contra mujeres en Puebla.
En el dictamen, la legisladora expuso que el papel de los defensores de oficio es fundamental, al ejercer como una “llave efectiva para el acceso a la justicia” de las personas, principalmente, de aquellas que sufren algún tipo de agresión.
Precisó que, no obstante, la Dirección General de Defensoría Pública estatal no contempla ninguna capacitación a los abogados de oficio, que les permita abordar los casos de violencia contra las mujeres de manera efectiva, impedidos así de contemplar temas como la igualdad sustantiva o evitar alguna revictimización.
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La obligación del Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, implica el diseñar un aparato estatal debidamente actualizado, que asegure, en el ejercicio de sus funciones, la protección más amplia de las mujeres contra todas las formas de violencia”, indicó en el texto.
Por ello, Valencia Ávila propuso reformar la fracción 14, del artículo 24, de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado, para definir que los defensores públicos estén obligados a “someterse a una capacitación y actualización permanente en materia de género, igualdad sustantiva y violencia contra las mujeres”, que serían impartidos por la Dirección General.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género, para su análisis.
Pese a declaratoria, persiste violencia de género en Puebla
A tres años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida en 50 municipios, en 20 localidades no ha habido ninguna disminución. Incluso, hay ocho demarcaciones en donde se ha duplicado la cantidad de víctimas.
#DandoData publicó que los casos se duplicaron en los municipios de Ajalpan, Atempan, Calpan, Cuetzalan, Palmar de Bravo, Tepeyahualco, Tlaltenango y Zaragoza.
Estos aumentos ocurrieron, cuando algunos de los municipios señalados invierten pocos recursos propios en políticas y proyectos que prevengan y atiendan la violencia contra las mujeres en Puebla, mientras que el gobierno federal disminuyó los subsidios para este rubro.
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