La diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia propuso en el Congreso del Estado eliminar la pena de cárcel que existe por publicar fake news en Puebla, debido a que va en contra de la libertad de expresión y por permitir un uso faccioso del Estado.
En su propuesta, planteó que la libertad de expresión es necesaria para un equilibrio democrático, pues lo publicado en los medios de comunicación tiene un alcance colectivo.
Por ello, subrayó que las violaciones a este derecho no solo afectan a quien emite su opinión o realiza un reportaje, sino que “también pueden constituir una afectación a toda la sociedad, en la medida en que cesa el libre flujo de ideas, opiniones e informaciones”.
Destacó que el actual castigo de aquello que sea calificado como fake news en Puebla, es opuesto a los marcos internacionales que regulan la libertad de expresión.
Así, Mónica Rodríguez propuso la erogación del artículo 165 del Código Penal, el cual, estipula un castigo de dos a doce años de prisión a quienes:
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Haciendo uso de cualquier medio de comunicación, difunda noticias que siendo falsas las haga aparecer como ciertas y produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, tratar de menoscabar la Autoridad Estatal o Municipal o presionar a cualquiera de ellas para que tome una determinación.
Dicho artículo, también impone una multa de hasta 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de 19 mil 244 pesos.
Mónica Rodríguez apuntó que la erogación es necesaria para evitar que las personas sean detenidas y hostigadas “solo por alzar la voz”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio.
A dos años de castigar las fake news en Puebla
En el brote de la pandemia en 2020, la pasada Legislatura aprobó este castigo contra las fake news en Puebla, justificando que únicamente era para evitar la difusión de información falsa que generará pánico en la población sobre el coronavirus.
Aunque la mayoría morenista aseguró que no cortarían la libertad de expresión, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestaron en contra.
El primero que intentó erogar este delito fue José Juan Espinosa Torres, entonces diputado del PT, en mayo del 2020. Hoy, está prófugo por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos, cuando fue alcalde de San Pedro Cholula.
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