Ante la pandemia del coronavirus en el estado, que ha cobrado la vida de más de 200 poblanos, diputados locales de Puebla pretenden eliminar la pena de cárcel por la difusión de noticias falsas y crear una plataforma para dar información a la ciudadanía durante una emergencia sanitaria.
Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de Puebla, los legisladores José Juan Espinosa Torres y Marcelo García Almaguer presentaron iniciativas para reformar el Código Penal y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, respectivamente.
El legislador del Partido del Trabajo propuso derogar el artículo 165 del Código Penal, el cual plantea pena de 2 a 12 años de cárcel para quien difunda información falsa.
El ex alcalde de San Pedro Cholula argumentó que su iniciativa va en atención a la carta enviada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
En ese sentido, el diputado del PT hizo énfasis en el llamado de la ONU-DH para no aprobar la iniciativa de reforma a ese mismo artículo que presentaron Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla, que buscan sancionar con cárcel la difusión de fake news durante una emergencia sanitaria.
Por su parte, el diputado García Almaguer presentó una iniciativa para adicionar el artículo 70 Bis a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en materia de Tecnologías, Pandemias y Combate a las Noticias Falsas.
La propuesta plantea que, una vez que el Consejo de Salubridad General declare estado de emergencia sanitaria, el gobierno de Puebla deberá habilitar un portal especializado en información sobre el tema.
Entre los datos que debe contener el portal de información está el número de personas contagiadas por la enfermedad en el estado, los casos sospechosos y el total de defunciones, mismas que se deberán actualizar diariamente.
También se deberán otorgar datos verificables que refuten noticias falsas, las cuales deberán ser dadas por autoridades de salud pública.
La iniciativa del diputado José Juan Espinosa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, mientras que la de Marcelo García Almaguer fue turnada a la Comisión de Transparencia.
