Alto a la extorsión
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El coordinador de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, señaló que sólo apoyarán la reforma al sistema judicial de Puebla del gobernador Miguel Barbosa Huerta, en caso de que esta propuesta no tenga fines políticos para beneficiar a determinados actores.

En entrevista, el diputado local dijo que su bancada no será un obstáculo para facilitar el acceso a la justicia en la entidad, pues subrayó que existen deficiencias en el sistema que generan impunidad, sumado a la falta de denuncias.

Si la reforma va en el sentido de beneficiar a los ciudadanos, que realmente la justicia sea pronta y sea expedita, se facilite y se mejore la administración de la justicia, estaremos de acuerdo en apoyarlas”.

No obstante, el diputado del PAN advirtió que analizarían el sentido de su voto, si la reforma al sistema judicial de Puebla tiene “algún tipo de tinte distinto”, como centralizar el poder en beneficio de determinados actores políticos. Si fuera el caso, entonces “seguramente tendremos algunas diferencias”.

Eduardo Alcántara Montiel indicó que esta es una de las reformas prioritarias para este Segundo Año Legislativo.

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Una iniciativa contra la impunidad

El 15 de septiembre, Miguel Barbosa Huerta, indicó que el día 19 de este mismo mes presentará finalmente su reforma al sistema judicial de Puebla al Congreso del Estado, la cual plantea reducir la impunidad, derivada de la imparcialidad de los jueces y servidores públicos que obstruyen el acceso a la justicia.

De igual manera, enviará las ternas para la elección de dos magistrados del Poder Judicial y así cubrir las vacantes que existían para los puestos.

Aunque la reforma fue preparada desde hace año y medio, el mandatario poblano la anunció el 23 de agosto, ante los abusos del sistema judicial contra Miriam Vázquez y sus hijas.

Pese a que por su expareja ha pasado maltrato, violencia vicaria y sustracción de menores, en la búsqueda de justicia sufrió de con abuso sexual, tráfico de influencias y revictimización por servidores públicos del Poder Judicial de Huauchinango y de la Fiscalía General del Estado.

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