Este jueves, y con algunos pendientes, iniciará el Segundo Año de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla. En el que habrá temas prioritarios que los diputados deberán discutir. Tales como la reforma al sistema judicial, la regulación de anexos y la nueva Ley de Movilidad.
La mayoría de Morena reanudará sus trabajos parlamentarios, para los cuales, buscarán mantener el respaldo de la bancada del PRI y del PAN. Como lo tuvieron en algunas iniciativas relevantes, discutidas en el primer año.
Entre las 552 reformas pendientes que están en la congeladora del Congreso de Puebla y otras que presentarán en cuanto inicie el periodo, destacan algunas que son relevantes para la sociedad en general.
Reforma al sistema judicial y anexos
El 22 de agosto, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta anunció una reforma al sistema judicial de Puebla. Para evitar que exfuncionarios involucrados en fraudes funjan como magistrados, debido a que el Poder Judicial no ha hecho algo al respecto.
Esto evitaría agravios como los sufridos por Miriam Vázquez. Víctima de abusos, corrupción y violencia vicaria por parte de jueces y de la Fiscalía General del Estado (FGE). Cuando empezó a buscar justicia para ella y sus hijas en contra de su ex pareja. Sin embargo, la propuesta aún no ha sido presentada.
De igual manera, el mandatario poblano presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud. Con la finalidad de que Secretaría de Salud tenga la atribución de “supervisar, vigilar y controlar que los establecimientos que presten servicios de atención a la salud mental y adicciones cumplan lo dispuesto en la normatividad”.
También, para que el Centro Estatal de Salud Mental (CESAM) de Puebla, tenga la atribución de capacitar al personal de instituciones dedicadas a problemas mentales. En materia de derechos humanos y perspectiva de género.
En el caso de los anexos, que estos centros se encarguen de “vigilar la creación, así como el funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud mental y adicciones”. Para evitar abusos que deriven en la muerte de los internos.
Ley de Movilidad
En noviembre del 2021, el mandatario poblano presentó una nueva Ley de Movilidad, que plantea más derechos para los usuarios de bicicletas. Así como anteponer medidas alternativas de traslado que beneficien a los poblanos.
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Sin embargo, esta iniciativa no ha sido discutida, debido a que, primero, el Congreso de Puebla debe realizar una consulta con activistas y expertos en la materia. Ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Estamos muy concentrados en ello, la Ley de Movilidad tiene que llevar un tema de consulta, entonces ya tuvimos reuniones con la Corte para ver cuáles son los parámetros o el universo que ellos piden para que pueda ser constitucional todo esto”, dijo el presidente del Legislativo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Ley Monzón
El 20 de julio pasado, la diputada del PT, Mónica Silva Ruíz propuso una serie de reformas al Código Penal que inmediatamente fueron nombradas como “Ley Monzón”, en honor a Cecilia Monzón Pérez, activista y abogada poblana que fue asesinada por el ex priista, Javier López Zavala.
Una modificación al artículo 338 Ter busca que los padres en Puebla, pierdan su derecho a la patria potestad y a la custodia de los hijos que tuvieron con la víctima, cuando ellos sean responsables de su feminicidio.
En el caso de que tenga hijas e/o hijos con la víctima, el sujeto activo en su caso, perderá sobre ellas y/o ellos la patria potestad, tutela, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias, y el derecho de alimentos que le correspondiere. Sanción que se aplicará igualmente en caso de tentativa”, señala la propuesta.
También, con una reforma al artículo 338 Quater, se ampliaría una pena de cincuenta a sesenta años, cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, mujeres de la tercera edad o con discapacidad.
Subir penas por ataques de ácido
En de junio, el dirigente del PRI en Puebla, Néstor Camarillo Medina, propuso castigar con hasta con 21 años de prisión los ataques con ácido contra mujeres.
Para ello, planteó adicionar el artículo 309 Bis al Código Penal estatal, con la finalidad de imponer de siete a 13 años de prisión. Así como una multa de 300 a 700 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalentes a un monto de 28 mil 866 a 67 mil 354 mil pesos. A quienes ataquen con “cualquier tipo de agente o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica, o inflamable, alcanos o sustancias similares”.
Las sanciones subirán hasta dos terceras partes, cuando el agresor sea un familiar, pareja sentimental, una amistad o cualquier persona con la que se tenga alguna confianza. Con ello, la mínima sería de 11 años y seis meses, mientras que la pena máxima alcanzaría 21 años y seis meses.
Aborto e infancias, los pendientes
El 31 de marzo, la diputada del PT, Mónica Silva Ruíz, presentó una iniciativa para que las infancias trans en Puebla puedan cambiar su identidad de género en documentos oficiales.
Se propuso modificar el cuarto párrafo del artículo 975 Bis del Código Civil, para agregar que el reconocimiento de una nueva identidad “estará basado en el consentimiento libre e informado de la persona peticionaria”.
En el 975 Ter, una cuarta fracción especifica que se dará una nueva acta de nacimiento para el cambio de identidad de género. Ante “la voluntad expresa e informada” de quien lo pida, incluyendo a menores de edad
Por otra parte, la interrupción legal del embarazo es el principal pendiente que tiene el Congreso de Puebla, heredado por la pasada Legislatura. A la fecha, existen seis iniciativas en la congeladora sobre este tema.
Sin embargo, Sergio Salomón Céspedes señaló que no existe una fecha tentativa para la discutirlo. Colectivos feministas han considerado esta actitud como una falta de interés.
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