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Un Juez de Control de Cholula ordenó la salida de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla, esto como medida cautelar al enfrentar una denuncia por el delito de violencia familiar, presuntamente cometido en octubre pasado en contra de su esposa.

Este lunes, la Mesa Directiva del Congreso local dio cuenta de la medida cautelar, incorporada en la carpeta administrativa 631/2021/Cholula, en que se decreta la suspensión temporal de sus funciones.

En audiencia oral y publica de esta misma data, se decretó, como medida cautelar, en contra del imputado Francisco José Romero Serrano, la suspensión temporal en el ejercicio, de una determinada profesional o actividad laboral, siendo la del Auditor Superior del Estado de Puebla”, señala el documento leído.

Lo anterior, como respuesta a la denuncia que existe en su contra por su probable “intervención en el hecho con apariencia de delito de violencia sexual”.

El oficio fue turnado al Congreso local para su conocimiento y dar inicio a los procedimientos administrativos a los que haya lugar.

Lo acusan de agredir a su esposa e hijo

Fue el pasado 21 de diciembre cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una orden de aprehensión contra el titular de la ASE por este delito, tras una denuncia presentada por policías municipales de San Andrés Cholula, como reveló CENTRAL.

Así procedieron, luego de atender una presunta llamada por parte de la esposa del auditor, quien por la noche del 31 octubre pasado hizo una llamada de auxilio a las autoridades, acusando que Romero Serrano había llegado en estado de ebriedad a su domicilio, agrediendo a ella, a la nana y a su hijo.

Posteriormente, el titular de la ASE apareció en un video junto a su esposa y ambos negaron dichos señalamientos. Hasta el momento, Romero Serrano ha tramitado dos amparos para evitar su detención.

Congreso, con la mira en el auditor

Sumado a esto, el Congreso local ya perfilaba su salida debido a diversas irregularidades, entre ellas el retraso en la revisión de las cuentas públicas que datan de 2018.

El pasado 11 de febrero, el Legislativo aprobó un paquete de reformas complementarias para crear la Comisión General de Control, Vigilancia y Evaluación, cuya función será medir el desempeño del auditor y definir su posible destitución.

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